Pérdida de agilidad, inseguridad jurídica o problemas en pequeñas contrataciones, lastres tras un año con la norma en vigor
Las entidades locales y el sector empresarial continúan inmersos en una intensa y larga carrera de obstáculos para adaptarse plenamente a la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, una normativa que acaba de cumplir un año en vigor y que sigue generando importantes quebraderos de cabeza a las partes afectadas.
Pérdida de agilidad, cierta inseguridad por la falta de jurisprudencia a la hora de adoptar decisiones, importantes limitaciones para los pequeños empresarios. Son algunos de los diagnósticos en los que coinciden políticos, patronales o expertos en materia de contratación, que insisten en lo que ya se ha venido señalando durante los primeros meses de aplicación de la ley, el estar diseñada sin tener en cuenta las particularidades de las administraciones más pequeñas.
"Lógicamente vamos mejorando, adaptándonos, porque hacemos nuestro trabajo, pero el problema sigue siendo el mismo, la complejidad que supone la norma, obligándonos a realizar en todo momento más procedimientos", indica el alcalde de O Barco y presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alfredo García, que recuerda las trabas que se están encontrando los pequeños ayuntamientos, obligados a cumplir cada vez más normativas mientras el personal sigue siendo el mismo, o a veces menos.
"Habrá que empezar a ver con cuantos trabajadores contamos, porque si seguimos en este camino de cada vez más normas, llegará un momento que quedaremos paralizados y nos invitarán a la desobediencia", añade García.
Formación
Otro alcalde, en este caso de Barbadás, señala "complicacións a efectos do persoal, que debe ter unha formación moi específica" para trabajar con la plataforma de licitación electrónica, ya que otro de los objetivos de la nueva ley era blindar la seguridad y reducir los casos de corrupción mediante un sistema totalmente automatizado.
"Hai que recoñecer que si permite moita máis transparencia, evitar dúbidas, pero o procedemento é lentísimo, non axiliza", dice Xosé Carlos Valcárcel, que asegura, pese a todo, "que ó final vai saíndo todo, pero con moitas complicacións".
Aunque los pequeños concellos son, seguramente, los más damnificados, la ciudad de Ourense no ha sido ajena a las turbulencias del cambio legislativo, como reconoce la edil responsable del área de Contratación, Ana Fernández Morenza. "La adaptación no ha sido fácil para nadie, al principio hubo divergencias de criterios porque cada administración hacía lo que consideraba. Esto empieza a estar más o menos asentado", afirma la concejala, que reconoce que "algunos pliegos aún están en período de adaptación y lo que parecía solucionable, se retrasa".
Además, Morenza pone el foco también en las empresas, especialmente aquellas más pequeñas, entendiendo que han sido "víctimas, ya que en algunos casos les sale más caro gestionar las licitaciones que el beneficio que sacarían por esos contratos".
Contratos menores
Es en este tipo de procedimientos en los que se centra principalmente el vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Ourense (CEO), José Manuel Díaz Barreiros. "Las pymes han quedado muy descolocadas, especialmente por las novedades en los contratos menores, ya que han visto limitados sus ingresos prácticamente a la mitad. Aquellos que solían trabajar principalmente para un concello, por cercanía, ven ahora como no es posible y se han tenido que buscar la vida", asegura Díaz Barreiros, que reconoce que esta ley "abre otras puertas, ya que se puede llegar a más sitios, aunque requiere mucha adaptación". La CEO ha notado "más concurrencia" en sus servicios jurídicos de asesoramiento.
Consejos que también buscan los pequeños concellos en el área de Contratación de la Diputación, explica uno de los trabajadores del departamento de Intervención, Xosé Mosquera, que apunta que la institución provincial "ten practicamente todo asentado e controlado", reconociendo que la nueva legislación "é excesivamente ríxida, máis se o criterio de interpretación e moi estricto, levando incluso ó amordazamento, cando na administración o que se require é practicidade".
Por otra parte, la experta de la Red Localis Concepción Campos Acuña concluía en un estudio reciente sobre la nueva Ley de Contratos "que ha supuesto una gran revolución para la que las entidades locales no estaban preparadas". En esta línea, añade que la realidad gallega todavía dista mucho de los objetivos del legislador".
