El bucle en el que parece haberse instalado el Concello de Ourense desde hace años tiene una de sus aristas en la prestación de servicios públicos que, al carecer del personal adecuado, se decidieron entregar en régimen de concesión a empresas privadas, pero que se han convertido en un auténtico dolor de muelas para los gestores instalados en la Praza Maior.
El último episodio, esta misma semana, con una nueva situación de incertidumbre en el servicio de ayuda a domicilio, que ya en el anterior mandato, con la empresa Seralia, había conseguido movilizar con concentraciones semanales a las trabajadoras por el impago de sus salarios y que ahora vuelve a pender de un hilo al no resultar rentable para la empresa que lo gestiona, Valoriza, que reclama una deuda al Concello que, con todo, garantiza que no hay riesgo de que los usuarios se queden sin cobertura. Un órdago, el de esta semana, que no ha sido el único.
Ya hace un año, el departamento liderado entonces por la popular Sofía Godoy se enfrentó a una amenaza de la compañía de coger los bártulos y abandonar el servicio. Una situación similar se afrontó con el contrato de limpieza de colegios, lastrado por los impagos de las nóminas a las trabajadoras de la entonces concesionaria Linorsa.
¿Funcionaron las soluciones puestas sobre la mesa por el Concello? No. Tal y como se certificó la semana pasada, ninguna empresa pujó por el contrato de ayuda a domicilio, tal y como en 2017 sucedía con la limpieza de colegios. En aquella ocasión, el grupo de gobierno hizo uso de un contrato negociado para agilizar plazos y poder subir el presupuesto de licitación, siendo la cuestión económica la que todos sacan a relucir para explicar que los concursos queden desiertos, al ajustarse los precios más de lo debido.
Incluso la empresa que asumió después la limpieza de los colegios, OHL Ingesan, decidió a principios de este curso dejar el contrato y obligar a buscar una solución transitoria al gobierno municipal de DO y PP, que tiene en marcha ahora un concurso para lograr la adjudicación en firme del servicio, con un desenlace todavía en el aire.
El desbarajuste en la contratación de servicios públicos lleva también al Concello a tener que hacer frente a indemnizaciones a empresas, con ejemplos recientes de esta misma semana, cuando la junta de gobierno tomaba consideración de sentencias judiciales obligando a pagar a la empresa Procedimientos de Aseo Urbano por el contrato de limpieza de edificios municipales o otro fallo sobre una reclamación de una empresa que concursó para gestionar las zonas verdes.
La precariedad que asoma en servicios básicos como transporte o semáforos, camino de los cinco años sin contrato, o los fiascos con las cafeterías de titularidad municipal son la prueba perfecta de que el Concello sigue sin dar con la tecla adecuada a la hora de prestar los servicios públicos, un auténtico dolor de muelas que se cronifica.
