Todo apunta a que el aceite llegó de la red municipal, por lo que la Hidrográfica tendrá que expedientar al titular de la misma
La Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) expedientará al Concello de San Cibrao das Viñas por el vertido de más de 5.000 litros de aceite al río Barbaña, si finalmente se demuestra que el vertido llegó a través de la red municipal de aguas. Aunque todavía está siendo tramitada la investigación por parte de los funcionarios, todo apunta a que fue así, por lo que el Concello habrá de responsabilizarse de la contaminación del río en un tramo de cuatro kilómetros.
"Si es así, el culpable sería el responsable de la red, en este caso el Concello de San Cibrao. Se están analizando los componentes", explicó el presidente de la CHMS, Francisco Marín.
También mostró la disposición de la entidad a prestar todo el apoyo en cuanto a personal al Concello para que este, a su vez, pueda depurar responsabilidades para conocer con exactitud qué empresa fue la responsable de dicho vertido.
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) sigue trabajando en la investigación, y desde la CHMS confían en que puedan dar resultado estas pesquisas.
En paralelo, siguen los trabajos de limpieza del Barbaña. De hecho, ayer confirmaban que ya se ha eliminado por completo el aceite del cauce, aunque se ha quedado mucho aceite en los márgenes, zona en la que se está actuando estos días.
Vertidos "preocupantes"
"Preocupan muchísimo los vertidos al Barbaña, debido a que son muy recurrentes, y es un río urbano", afirmó Marín, que volvió a recordar que las estadísticas apuntan a que, como en este caso, la mayoría de los vertidos se han realizado en fines de semana, puentes, o festivos, "suponemos que porque creen que hay un menor control", subrayó Marín.
El vertido realizado el pasado fin de semana obligó a la CHMS a activar el protocolo de emergencia, con un coste de "más de 100.000 euros" y a colocar barreras anticontaminantes para que no se extendiera a lo largo del cauce.
"El Barbaña es muy sensible a las tormentas y sube y baja muy rápido, lo que ha dejado las orillas manchadas", explicó Marín. Por ello, confirmó que "durante dos o tres semanas, un operario estará quitando el chapapote incrustado en piedras y plantas".
La junta de gobierno de la Hidrográfica se reunió ayer para aprobar la memoria anual de 2017, en la que constataron que los expedientes abiertos se habían incrementado en más de 500, lo que achacan a que "tras un 2017 en el que predominó la sequía, es normal que las aguas perdieran calidad, ya que los ríos son más sensibles".
En total, se resolvieron 4.010 expedientes, de los cuales 656 tuvieron carácter sancionador y 290 fueron correspondientes a vertidos.
En este punto, Marín destacó el "punto de inflexión" que supuso el pasado 2017, con un incremento de un 12%, ya que en 2016 el número de expedientes resueltos fue de 3.592. También puso de relieve que se concedieron 226 autorizaciones para realizar vertidos legales, una cifra menor que los vertidos ilegales.
Plan especial de sequía
Por último, Marín presentó el nuevo Plan Especial de Sequía, que ve "mejorado", con la incorporación de nuevos indicadores que permitirán distinguir entre las situaciones de sequía o escasez y que ha considerado "fundamental" a la hora de hacer frente a la falta continuada de precipitaciones.
Además, este plan especial permitirá tomar medidas por separado, es decir, "facilitará" los trámites para hacer frente a la sequía en zonas concretas, como la cuenca del Limia, sin esperar que toda la demarcación esté en esa situación.
El concello ya fue sancionado en 2017 por un suceso parecido
El vertido registrado en el río Barbaña obligó a activar un protocolo de emergencia el pasado lunes con unos trabajos de descontaminación que durarán entre dos o tres semanas y tendrán un coste estimado de unos 100.000 euros. La estimación es hablan de una afección de unos cuatro kilómetros del río.
El Concello de San Cibrao das Viñas, que tiene la gestión de la depuradora, ya fue sancionada en otras ocasiones por vertidos que también obligaron a realizar trabajos de descontaminación y activar los protocolos anticontaminación. Uno de los más importantes se registró a finales de 2017 y la Confederación impuso una sanción al Concello de 83.000 euros, si bien el Consistorio puede estudiar si la sanción debe ser derivada a alguna empresa por negligencias.
