El confinamiento llega al juez

La mayor parte de las más de 7.000 multas tramitadas por las fuerzas de seguridad durante el primer estado de alarma, entre marzo y junio de 2020, al infringir el confinamiento se convirtieron en papel mojado al llegar a la Subdelegación del Gobierno en Ourense, aunque esta institución se niega a dar el dato de cuántas fueron notificadas. En la actualidad, las imponen la Xunta y los concellos por tratarse de un asunto sanitario si se incumplen restricciones acordadas, una opción con respaldo jurídico. Las sanciones, tal como advirtieron los profesionales del Derecho en su día, tuvieron un corto recorrido. En Ourense y en Albacete. Las subdelegaciones del gobierno aplicaron la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como "ley mordaza", por desobediencia grave a la autoridad, que los jueces han considerado incorrecta. Para la concurrencia de esa infracción, según han dicho, la persona sancionada debe incumplir "una orden directa, inmediata y particularizada de la autoridad o de sus agentes, impartida en el momento en el que es identificada". No permite multar de manera genérica el incumplimiento de disposiciones normativas de carácter general. Paseaba al perro Aunque distintos juzgados gallegos ya se han pronunciado sobre este particular, en febrero le toca, por primera vez, a Ourense. La única demanda presentada ha recaído en el Juzgado Contencioso-Administrativo 1. Se trata del caso de una mujer a quien en mayo de 2020 le llegó a casa una notificación de 601 euros. Una patrulla del Seprona la multó el 4 de abril, a las cuatro de la tarde, cuando paseaba con una amiga y el perro por una pista forestal de Viana do Bolo. Se encontraban a tres kilómetros del pueblo y en su DNI figuraba como vecina de Ourense, a más de 100 kilómetros. Los agentes vieron un supuesto delito de desobediencia grave a la autoridad, prevista en el artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección a la Seguridad Ciudadana. La perjudicada asegura que no fue así porque regresó a casa sin rechistar. Cuando le llegó el expediente de la Subdelegación del Gobierno el 19 de mayo, abrió la cartera y pagó 300,50 euros para beneficiarse de la reducción del 50%. Finalmente, optó por presentar un recurso para anularla y pedir la condena en costas de la Administración. El pleito lo defiende Javier González, del despacho Atrio Abad Abogados, quien alega, además de una incorrecta tipificación de la infracción por parte del órgano sancionador competente, que su clienta se encontraba en la localidad "por causa justificada, para la atención y cuidado de su padre así como para el aprovisionamiento de medicinas y alimentos, tal como venía haciendo con anterioridad a esa fecha". Y recuerda que el pronunciamiento de la Abogada General del Estado, Consuelo Madrigal, cuestionando las sanciones del Ministerio del Interior por el confinamiento. En su informe asegura que la ley mordaza solo puede ir dirigida contra quienes desobedezcan las órdenes directas de los agentes. Sin olvidar que una de las acciones permitidas durante el primer estado de alarma era sacar a pasear al perro. Multas por paseos y salidas para comprar o ir a trabajar quedaron en papel mojado Los jueces gallegos han entendido hasta la fecha que las restricciones son de naturaleza sanitaria y que, por lo tanto, su incumplimiento debe ser sancionado por la Xunta no por el Gobierno. Este motivo de anulación afecta a todas las multas interpuestas durante el primer estado de alarma. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Pontevedra, en base a este criterio, anuló las multas a cinco trabajadores que el 26 de marzo acudieron en el mismo vehículo a realizar unas reparaciones en la zona portuaria de Guixar, en Vigo. Un control de la Guardia Civil les impuso 601 euros a cada uno. El magistrado enfatiza que las limitaciones de circulación no se establecieron "mediante un mandato individualizado comunicado a los cinco recurrentes antes del supuesto incumplimiento sino por una disposición de carácter general dirigida de manera genérica a toda la población de España". Y hace constar que la improvisación es mala compañera de viaje en situaciones de pandemia: "En los meses de marzo a junio de 2020, la Administración del Estado, pese a las advertencias en contra de la Abogada General del Estado, decidió proceder a sancionar por sí misma los incumplimientos del confinamiento general, identificándolos de manera artificiosa e inadecuada por razones de oportunidad y eficacia para no derivar esos expedientes a las administraciones autonómicas, en las que realmente recaía y recae la competencia para sancionar infracciones en materia sanitaria". Acudir a una farmacia El Contencioso 2 de Vigo anuló otra multa impuesta a un hombre denunciado cuando caminaba el 28 de marzo por la calle Camelias y fue interceptado por agentes de la Policía Local, a quienes les explicó que se dirigía a una farmacia porque las más próximas a su vivienda estaban cerradas. El juez subraya que "no hay rastro de que por parte de los policías se le hubiera dirigido requerimiento alguno al denunciado que hubiera sido cuestionado", por lo que concluye que no existió delito de desobediencia, decretando la anulación de la sanción de 601 euros. En el pleito, el denunciado aportó la factura de la farmacia de la Ronda de Don Bosco, a la que le conminaron a ir por ser la más próxima a su domicilio. "No vamos a entrar en el debate referente -destaca la sentencia- a las distancias de las farmacias abiertas más próximas al punto en el que se efectúa la denuncia, so pena de alcanzar resultados tan absurdos como que se valide una actuación sancionadora porque la farmacia a la que se ha acudido estaba a un kilómetro del domicilio del sujeto cuando disponía de una a 800 metros". También en Vigo, la ciudad en donde más recursos hubo, se anuló la sanción a una mujer que paseaba por un parque el 22 de marzo. El magistrado, en este caso, subraya que "el mero incumplimiento de las limitaciones impuestas no puede ser calificado automáticamente como infracción de desobediencia". El mismo argumento para el vigués que fue multado cuando paseaba por Bouzas, a la altura del faro, el 17 de marzo. La persona denunciada, según se recoge en el fallo, "no fue requerida de manera específica y concreta por una autoridad o sus agentes para que modificase un determinado comportamiento con sustento en las restricciones de movilidad". También hubo que devolver 300 euros a otra vecina de la ciudad olívica que fue interceptada cuando circulaba con su hijo, que no residía con ella y recién operado de la rodilla, lo que le impedía conducir, a hacer la compra. Para el togado, no fue un desplazamiento "caprichoso". Considera que "no es acorde a Derecho el automatismo de considerar un comportamiento infractor por el mero hecho de que circulen dos personas en el mismo coche". En Lugo, se anuló la multa a otro conductor que fue "cazado" el 29 de marzo cuando iba a dejar un remolque en Friol".