El informe del Consello clarifica notablemente las acciones a seguir precisamente en la mayor zona de sensibilidad termal de la ciudad
Las exigencias del interés público que justifican la potestad del planeamiento urbanístico siempre prevalecerán porque, además, "unha cousa é o recoñecemento do aproveitamento (expectativa de dereito) e outra ben distinta que o mesmo tivera sido patrimonializado (dereito indemnizable". Por eso, el Consello Consultivo de Galicia, que dictaminó sobre la indemnización de 16,4 millones de euros que la empresa Xardín das Burgas -propietaria de un solar al lado de las fuentes públicas- demanda del Concello por responsabilidad patrimonial, resuelve que el Consistorio no tendrá que pagar ni un euro por ese concepto tras incluir su parcela en el área de reparto del BIC de As Burgas; no abonará más que lo que se acuerde en el ámbito de la expropiación.
El informe del Consello, un gran alivio para el gobierno local porque esta no es la única responsabilidad patrimonial demandada y un auténtico varapalo para las pretensiones de la empresa -que mantiene un litigio contencioso por este motivo en el Tribunal Superior-, clarifica notablemente las acciones a seguir precisamente en la mayor zona de sensibilidad termal de la ciudad, el mismo entorno de As Burgas.
Aunque ese dictamen no es vinculante, sí es preceptivo y ese hecho es muy tenido en cuenta en el ámbito judicial, de ahí la alegría con la que lo recibió la concejala de Urbanismo, Aurea Soto, que ayer compareció con el alcalde, Agustín Fernández, para explicarlo. Ambos lo consideran "un respaldo técnico" a toda la "defensa de lo público" realizada durante los ocho años del gobierno socialista de la ciudad.
El respaldo
Esto es un "apoyo clarísimo" a la ordenación territorial "como función pública, no sujeta a transacción y de acuerdo con el interés general", subrayó la edil."Sólo este informe ya justifica todo el trabajo de este gobierno", añadió el alcalde ourensano. "Visto lo ocurrido, se puede empezar a entender por qué la edil de Urbanismo y tantos concejales estén imputados en tantos asuntos, para apartarlos de sus funciones", aseguró Soto, relacionando sus litigios judiciales con una "embestida" de promotores para forzar el regreso de la política del PP y sus "pelotazos".
Porque, recordó, en el año 1999 la empresa compró varias parcelas con una edificabilidad de tan sólo algo más de 2.000 metros cuadrados pero un convenio municipal de comienzos del año siguiente, el 2000, se las recalificó para poder construir hasta 19.000 metros cuadrados.
El Consello Consultivo, en un informe unánime y que firman su presidente, José Luis Costa, y la secretaria general, Carmen Salgueiro, establece, además, que en ningún lugar de la reclamación planteada por esa sociedad (del empresario vigués Martínez Serodio) se acredita que llegase a obtener las autorizaciones de aprovechamiento de los manantiales para su hotel balneario. Y eso, unido a que posteriormente hubo dificultades (por los sondeos) que impedirían destinar la edificación a los usos previstos sin poner en riesgo el sistema termal de las fuentes, "acredita unha falta de previsión (...) exclusivamente imputable á propia sociedade mercantil, que no seu momento demandou do Concello unha urxente modificación do planeamento para dar cabida a tal proxecto".
Esta circunstancia, concluye, "traslada á propia Xardín das Burgas as consecuencias danosas desde resultado que, de ningún xeito, podería repercutir agora na Administración local".
