Buscan esclarecer si el que fue jefe del servicio de Urbanismo durante el gobierno bipartito, José Manuel Oliver Rivera, es autor de un posible delito continuado de prevaricación
El Juzgado de Instrucción número uno de Ourense ha ordenado hoy que continúen las diligencias previas para esclarecer si el que fue jefe del servicio de Urbanismo durante el gobierno bipartito del PSOE-BNG, José Manuel Oliver Rivera, es autor de un posible delito continuado de prevaricación, en relación con la contratación de distintas asistencias técnicas, con varios trabajadores contratados, y con Áurea Soto como edil de Urbanismo.
En el auto, facilitado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el juez se ha referido a la contratación de cinco personas bajo la modalidad de asistencias técnicas, y cuyos contratos se fueron prorrogando en el tiempo, a pesar de que resultaron ser "objeto de reparo por parte del interventor del Ayuntamiento".
Estos reparos, continúa la resolución, se fundaban básicamente en supuestas irregularidades por el modo en que dichas asistencias técnicas se prestaban así como en su forma de contratación, lo que podría suponer un "fraude de ley", durante la etapa del exalcalde Francisco Rodríguez.
Según recoge el titular del juzgado, el exjefe de Urbanismo durante el tiempo de los contratos "no cuestionó ni una sola vez la forma en la que habían sido celebrados, a pesar de que su trabajo consistía en emitir informes sobre expedientes administrativos y sobre el funcionamiento del servicio, dando de este modo amparo al ilícito proceder tanto de los responsables del área como del alcalde Francisco Rodríguez".
Añade además que "omitió gravemente las obligaciones inherentes a su cargo, dando de este modo amparo tácito a las ilícitas contrataciones que se hacían desde el Ayuntamiento", a pesar de los "innumerables reparos emitidos por el interventor de Orense (un centenar aproximadamente) en los que ponía claramente de manifiesto las razones por las que los contratos celebrados bajo la fórmula de asistencias técnicas eran contrarios a la legislación vigente".
Según el juez, el proceso seguido fue "manifiestamente injusto y perjudicial" para el resto de personas ya que "no tuvieron acceso a dicha posibilidad al no abrirse el correspondiente concurso-oposición", motivo por el cual traslada estos hechos al fiscal y acusación particular para que formulen escrito de acusación, solicitando "la apertura de juicio oral en la forma prescrita por la ley o bien el sobreseimiento de la causa".
En esta causa, el titular del Juzgado había imputado a la exconcejala Áurea Soto y al exalcalde Francisco Rodríguez, ambos del PSOE, y a varios cargos nacionalistas.
Y quedaron archivadas las actuaciones respecto a los tenientes de alcalde nacionalistas, Alexandre Sánchez Vidal y Andrés García Mata.
