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Las contrataciones externas del bipartito llegan al juzgado

Ourense. 21-04-14. Sucesos. Declaración no xulgado do alcalde Agustín Fdez,o  exalcalde  Francisco Rguez e Áurea soto en Ourense.
Foto: Xesús Fariñas
photo_camera Francisco Rodríguez y Áurea Soto, el día de su declaración por este procedimiento.

La Fiscalía pide diez años de inhabilitación para el exalcalde Francisco Rodríguez y otros cinco cargos

El Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense acoge desde hoy y hasta el viernes el juicio al exalcalde Francisco Rodríguez y otros cinco cargos del gobierno bipartito de la ciudad (los exconcejales Áurea Soto, Fernando Varela, Iolanda Pérez, Xosé Carballido y Xosé Somoza) por seis delitos continuados de prevaricación en la contratación de cinco trabajadores bajo la modalidad de asistencias técnicas, casos que fueron denunciados hace cuatro años por la Confederación Intersindical Galega (CIG), con el apoyo de la Unión Sindical Obrera (USO).

En su escrito de acusación, la Fiscalía pide para cada uno de los acusados diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, referido a todo empleo en la función pública así como de cualquier cargo electo derivado de las elecciones europeas, estatales, autonómicas o locales, extendiéndose a todo empleo de cargo en empresas e instituciones participada directamente por alguna administración.

Para la representante del ministerio público, todos los acusados fueron responsables de las contrataciones o prórrogas "a pesar de conocer que se actuaba contra la normativa existente ya que se estaban prestando servicios periódicos y repetitivos que suponían un gasto de tracto sucesivo sin que existiese acuerdo administrativo alguno y además en virtud de una resolución de prórroga que vulneraba la normativa contractual de las administraciones públicas".

La fiscal ve una "confabulación" entre los responsables de Servicio de Rehabilitación, Viviendas y Peris y el exalcalde Francisco Rodríguez y su concejala Áurea Soto, a los que acusa de "no llevar a cabo ninguna decisión" para poner fin a esa práctica, pese a los numerosos reparos manifestados por el interventor municipal, que eran recurrentemente levantados por el exregidor. Sobre Soto, dice que "intentaba justificar la contratación mediante asistencias técnicas a pesar de existir informes que señalaban "deficiencias".

Un séptimo inculpado, el director de vivienda protegida y Peris, José Manuel Óliver, se libró del juicio tras estimar la Audiencia Provincial de Ourense su recurso de apelación. 

Los acusados piden su completa absolución

El exalcalde de Ourense Francisco Rodríguez sostiene en su escrito de defensa que el hecho de levantar reparos y ordenar el pago de facturas "no significa que esté convalidando la actuación administrativa que dio lugar" a ese reparo, señalando que esta práctica "es absolutamente habitual" en las administraciones.

Además, niega cualquier práctica confabulada y señala que las prácticas de contratación estaban delegadas en las áreas de Rehabilitación y Urbanismo.

Mientras, Áurea Soto argumenta su defensa en que la acusación "omite toda referencia a las actuaciones llevadas a cabo para dar solución efectiva a las circunstancias de contratación que motivaban los reparos" y señala que puso de manifiesto con varios informes la "problemática e incapacidad para cubrir servicios básicos con el personal existente" por la tasa de reposición cero.

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