La instrucción por la muerte del policía Celso Blanco el 9 de abril de 2016 y el robo de seis armas en agosto de 2014 siguen caminos por separado en dos juzgados distintos, Instrucción 3 e Instrucción 1, respectivamente, aunque comparten imputados, los hermanos gemelos Roi y Bernardo D.L., ambos policías. La Audiencia de Ourense, por segunda vez, debe pronunciarse sobre si las dos causas deben ir de la mano tal como reclama la familia del agente muerto y el policía Antonio R.F., el inspector absuelto por en la operación Zamburiña que está personado en los dos procedimientos (en el homicidio como acción popular y en el robo como acusación particular).
Pese a que el tribunal decidió hace un año en que debían ir por separado ante "la complejidad" de sumar los dos sumarios, debe pronunciarse de nuevo porque en la primera ocasión que lo hizo no estuvo presente Antonio R.F. como acción popular.
La letrada que representa al inspector fue la primera en intervenir en la vista celebrada ayer para decidir sobre la cuestión de competencia planteada por la jueza de Instrucción 3 para unir la dos causas, que ya suman, según recordó el letrado de los gemelos, 60 tomos y 20 mil folios. "En el momento en que aparecen las armas en la escena del crimen hay que dilucidar si se sustrajeron por parte de la persona fallecida en connivencia con otros o fueron sustraídas por sus asesinos, y eso no se puede separar y permitir una diferenciación de criterios a la hora de analizar esta cuestión", aseguró Beatriz Seijo. Aludió en su exposición a que la jueza Eva Arnesto dice en sus informes que hay rastros en el arma con la que se efectuó el disparo que conectan con los investigados. Y repara en que Blanco, antes de morir, envía mensajes atribuyéndose el robo de las pistolas y la remisión de los anónimos -a la prensa y Asuntos Internos-, culpando a otros policías de corrupción en el seno de la comisaría, aunque las acusaciones particulares creen que los envió el autor del crimen. "¿Cómo es posible que en la causa que se investiga su muerte no se deba determinar si lo que él dice es cierto o no'", apuntó Seijo y mostró su extrañeza en que la defensa sea partidaria de causas distintas. "Si no quiere es porque tiene miedo a que las causas se junten y se vea clarísimamente que son los mismos autores, y no lo digo yo sino los jueces instructores que investigan a las mismas personas".
Para esta letrada, el juez que investiga la causa de las armas, Leonardo Álvarez, "no instruyó casi nada", recordando que se valió de ese robo a modo de excusa para sustentar la Zamburiña y abrir una causa contra Antonio y el resto de compañeros. "No se hizo nada y no hubo verdadero interés en buscar a los autores de esa sustracción", aseguró la abogada, para quien la jueza de Instrucción 3 debe llevar ese procedimiento porque "verdaderamente es quien instruyó la causa de las armas".
Excesiva complejidad
También es partidario de aunar el letrado que representa a la familia de Blanco. Solo la jueza Armesto, según valoró, "está intentado saber qué pasó en la comisaría". Parte Arturo Mosquera de que resulta "indispensable" la acumulación en base "a un hecho incontestable: el hijo de mi representada aparece muerto en una habitación de comisaría cerrada al lado de tres armas robadas". Para el abogado no hay mayor pegamento que una las causas que el hecho de que "la muerte -descarta el suicidio- se produjo con el arma que estaba junto al cadáver". "¡Mayor conexividad no puede haber!, exclamó.
No tiene sentido -añadió- la "excesiva complejidad" alegada por la sala para unir los asuntos ante "el estado avanzado de las causas, solo quedan flecos".
Neil González, el abogado de los investigados, destacó que los informes "desmienten que haya ADN de mis clientes en las armas aparecidas", censurando los tres años en que se tardó en resolver esa prueba -"no interesaba demasiado"-, mencionando otras que descartan la hipótesis del homicidio.
El letrado asegura que sus clientes no pudieron matar a Celso porque "uno estaba en el centro comercial Ponte Vella y otros en Monterrei". Aludió González a que no consta que el fallecido quisiera hablar sobre la sustracción de las armas y acusar a los gemelos (el móvil del crimen) "cuando dos días antes, ante los rumores de inminentes detenciones, le comentó a compañeros que se estaban equivocando -los mandos- y culpando a un inocente". Para el abogado, lo más factibles es que "el propio Celso robó las armas porque hay ADN suyo en la llave que da acceso al búnker".
La fiscal, partidaria de dos causas distintas, afirma que las diligencias sobre el homicidio se sustentan hasta la fecha en meras "hipótesis", recordando que "a juicio se va con pruebas" y, hasta ahora, se decanta por el suicidio . "Hay una desconexión temporal entre el robo y la muerte de Celso, cuya etiología no ha quedado acreditada".
El inspector de drogas absuelto en la Zamburiña pide volver a su puesto
Solo una de las causas penales en torno a la comisaría ourensana ha llegado a juicio, la llamada operación Zamburiña contra el tráfico de drogas, con cuatro policías investigados y que fueron absueltos junto al resto de imputados (nueve personas acusadas de delitos contra la salud pública). La fiscalía anunció ya los motivos del recurso de casación en el Supremo -habla de arbitrariedad en el juicio, entre otras cuestiones-.
Uno de los principales imputados, el inspector del grupo de drogas que operaba en 2015, Antonio R.F., solicitó hace una semana su reincorporación a la plantilla tras su absolución. El inspector, apartado del cuerpo desde su detención en noviembre de 2015, quiere volver al servicio activo y retomar el puesto que tenía entonces, algo que permite el reglamento, pero la plaza ya está cubierta por otro inspector, por lo que no está claro aun que pueda volver al grupo de estupefacientes.
