La crisis noquea a OCA SA y la jueza acepta su liquidación

Una de las constructoras ourensanas más emblemática con sede en la ciudad, Obras Caminos y Asfaltos S.A. (OCA SA), especializada en obra pública y con contrataciones por todo el país, ha tocado fondo con la crisis sanitaria del covid-19 tras presentar, primero, un ERTE por un plazo de un mes que afectó a 76 trabajadores y poco después "una propuesta de liquidación de forma urgente e inaplazable", que el Juzgado Mercantil de Ourense tramitó y aceptó durante el estado de alarma, según pudo saber este diario de fuentes cercanas al caso. La constructora pasó por un momento crítico en estos últimos años, cuando le afectó de lleno la crisis del ladrillo. Llegó a presentar un concurso voluntario de acreedores en 2013 cuando las deudas superaban los 66 millones de euros, pero se resolvió satisfactoriamente con la propuesta de un convenio, ratificada por una primera sentencia judicial en primera instancia -abril de 2016- que en julio de 2017 fue corroborada por la Audiencia provincial. La empresa, como deudora, presentó la apertura de la fase de liquidación el 24 de marzo en el Juzgado mercantil de la ciudad Quita del 50% de la deuda El 67,6% de los acreedores -a los que la empresa debía 38,3 millones de euros- aceptaron liquidar la deuda ordinaria total, con una quita del 50 por ciento, en un plazo de cinco años: un 10% los dos primeros; el 20% el tercero y el 30% el cuarto y quinto, respectivamente. La empresa, que se fundó en 1993 y llegó a ser una de las más importantes de Galicia en adjudicaciones de obra pública, especializándose en la conservación y mantenimiento de carreteras, logró este objetivo la dos primeras anualidades, asumiendo todos los pagos comprometidos. Pero la irrupción de la crisis sanitaria y el confinamiento puso a la mercantil frente a otra realidad y tocó fondo con la ausencia de actividad productiva, la insuficiencia de recursos al no poder optar a financiación bancaria, la falta de adjudicaciones de obra pública y la necesidad de abonar los suministros al contado a los proveedores para obtener material. El 24 de marzo la empresa presentó la apertura de la fase de liquidación ante la imposibilidad de cumplir con el convenio aprobado judicialmente. Buscó amparo en el artículo 142 de la Ley Concursal, que establece que el deudor deberá pedir la liquidación cuando, durante la vigencia del convenio, conozca la imposibilidad de cumplir con los pagos comprometidos y las obligaciones contraídas con posterioridad. Según pudo saber este diario, fue uno de los asuntos que se tramitó de urgencia durante el estado de alarma. Presentada la solicitud, inmediatamente Instancia 4 dictó un auto para abrir la fase de liquidación y rescindir el convenio. Este proceso lleva consigo tratar de vender la unidad productiva para que la empresa interesada se subrogue en las obligaciones frente a los trabajadores y acreedores. Por ahora, una empresa valenciana mostró interés. Además de la instalaciones y maquinaria de obra, la constructora explotaba varias canteras y plantas de aglomerado. OCA S.A., fundada en 1993, llegó a ser una de las sociedades especializada en obra pública más importantes de Galicia Tres concursos declarados durante el estado de alarma Desde marzo hasta la fecha, en Ourense se declararon tres concursos de acreedores para pequeñas empresas. Asimismo, hay otras dos que acudieron al juzgado pero están pendientes de presentar la documentación para el inicio del concurso ante procesos de insolvencia. Esta medida, presentada a tiempo, evita en muchas ocasiones la liquidación, según fuentes judiciales,. El concurso de acreedores es una herramienta para quien no puede atender regularmente sus obligaciones y de esta forma salir reforzada con quitas y esperas con sus acreedores. Ahora bien, para que sea posible la empresa debe llegar al juzgado con actividad. Hasta antes del covid-19, el Juzgado Mercantil había declarado en los dos primeros meses 13 concursos. Pero todo apunta a que el año en curso volverá a los números de la crisis de 2008, cuando se cerraba el año con cerca de 70. El Real Decreto 16/20 ha pospuesto la obligación legal de presentar concursos a las empresas agobiadas por las deudas a finales de diciembre de este año aunque ya estén en situación de insolvencia.