Cruz Roja de Ourense también ha visto multiplicadas las peticiones de personas sin recursos, especialmente para ayudas de emergencia social, como consecuencia de la falta de soluciones en la Administración autonómica y concretamente en su departamento de Traballo e Benestar Social.
De hecho, el programa 'Agora máis que nunca' de la organización humanitaria, concebido para atender urgencias puntuales de las familias, se ha visto desbordado, según reconocen en la entidad, por la necesidad de otorgar aportaciones económicas de urgencia, especialmente entrega de alimentos, productos de higiene y mobiliario básico. Estos conceptos son los que se enmarcan en las llamadas AES, Ayudas de Emergencia Social, una línea de prestación urgente que pierde toda su efectividad si se demora en el tiempo, como ocurre actualmente con la Consellería de Traballo que, corroboran en el Concello de Ourense, por ejemplo, recibe las solicitudes con toda la documentación necesaria y bloquea el visto bueno definitivo para su percepción.
Cruz Roja no tiene contabilizados los casos ni el incremento, pero precisa que la avalancha de demandas de ayuda obligó a reforzar las áreas contra la pobreza, al aumentar tanto los casos de familias que han perdido todas las prestaciones y todavía aguardan a que la Consellería resuelva su petición de emergencia social o de la Risga, que también Traballo retrasa hasta sumar demoras de seis meses en muchos casos, aunque en el departamento autonómico precisaban ayer que se ha ganado agilidad hasta el punto de que actualmente se están revisando ya casos de solicitudes presentadas en marzo.
LA RAPIDEZ ES CLAVE
La agilidad en la concesión de estas ayudas, declara el Valedor do Pobo en su informe, es fundamental para que sean operativas, sobre todo las de emergencia social; por ello, ha tenido que demandar a Traballo e Benestar que, en algunos casos, aprobase provisionalmente las subvenciones, independientemente de que estuviese la tramitación sin completar.
Cruz Roja se suma de este modo a la la situación que planteó Cáritas, otra organización no gubernamental que ya expresó días pasados su malestar por la lentitud de la Administración, en este caso esa Consellería, a la que considera 'alejada de la realidad'. Las críticas se producen también desde el Concello de la ciudad, el que tramita más peticiones de Risga y emergencia social -porque estas prestaciones las da la Xunta, que tiene las competencias en servicios sociales pero son los concellos los que preparan los expedientes para que Traballo los apruebe- porque concentra más población. Ocurre que la falta de compromiso de la Consellería es 'alarmante', según la edil responsable, Marga Martín, puesto que, por ejemplo, en el caso de la ayuda a domicilio para personas dependientes, el Concello se ve obligado a aportar hasta un 30% del coste del servicio cuando se trata de una prestación que, legalmente, tiene que pagarla Traballo y Benestar con una aportación del usuario.
Cruz Roja no tiene contabilizados los casos ni el incremento, pero precisa que la avalancha de demandas de ayuda obligó a reforzar las áreas contra la pobreza, al aumentar tanto los casos de familias que han perdido todas las prestaciones y todavía aguardan a que la Consellería resuelva su petición de emergencia social o de la Risga, que también Traballo retrasa hasta sumar demoras de seis meses en muchos casos, aunque en el departamento autonómico precisaban ayer que se ha ganado agilidad hasta el punto de que actualmente se están revisando ya casos de solicitudes presentadas en marzo.
LA RAPIDEZ ES CLAVE
La agilidad en la concesión de estas ayudas, declara el Valedor do Pobo en su informe, es fundamental para que sean operativas, sobre todo las de emergencia social; por ello, ha tenido que demandar a Traballo e Benestar que, en algunos casos, aprobase provisionalmente las subvenciones, independientemente de que estuviese la tramitación sin completar.
Cruz Roja se suma de este modo a la la situación que planteó Cáritas, otra organización no gubernamental que ya expresó días pasados su malestar por la lentitud de la Administración, en este caso esa Consellería, a la que considera 'alejada de la realidad'. Las críticas se producen también desde el Concello de la ciudad, el que tramita más peticiones de Risga y emergencia social -porque estas prestaciones las da la Xunta, que tiene las competencias en servicios sociales pero son los concellos los que preparan los expedientes para que Traballo los apruebe- porque concentra más población. Ocurre que la falta de compromiso de la Consellería es 'alarmante', según la edil responsable, Marga Martín, puesto que, por ejemplo, en el caso de la ayuda a domicilio para personas dependientes, el Concello se ve obligado a aportar hasta un 30% del coste del servicio cuando se trata de una prestación que, legalmente, tiene que pagarla Traballo y Benestar con una aportación del usuario.
