Defensa de los policías gemelos: “Ningún perito confirma que a Celso Blanco lo asesinaron”

“Preocupados y dolidos”. Así se encuentran, en palabras de su abogado, los hermanos gemelos Bernardo y Roi Deprado Lahoz tras la decisión de la jueza Eva Armesto de que sean juzgados con un tribunal popular por el asesinato del también policía Celso Blanco. El primero, jubilado a temprana edad y su hermano suspendido y sin poder ocupar la plaza de inspector jefe de Policía Científica en Ourense. Preocupados, porque la decisión de la togada los puede sentar en el banquillo de los acusados en un horizonte cercano y dolidos porque “el auto afirma cuestiones que no son ciertas conforme a los informes periciales que constan en las diligencias”, asegura el letrado Neil González Seoane. El abogado, al igual que la fiscal, acaba de recurrir el auto en el que Armesto acuerda transformar el sumario en un procedimiento para ser enjuiciado por un jurado. En el recurso de apelación de 35 folios enumera un sinfín de alusiones a informes (la causa consta de 56 tomos y más de 20.000 folios) en los que se cuestiona la tesis de del asesinato y se inclinan hacia el suicidio. Esos mismos argumentos jurídicos, traducidos a una frase terrenal, concluyen que “siete años después no sabemos lo qué ocurrió” en la tarde del sábado del 9 de abril de 2016 en el despacho de la quinta planta de la Comisaría de la Policía Nacional de Ourense. Celso Blanco acudió a primera hora de la tarde a su oficina del departamento de Prensa, tras comer con su familia, y fue hallado muerto al filo de las diez de la noche. A las 16,45 horas, quince minutos antes de morir de un disparo en la cabeza con una de las pistolas robadas en 2014 en el armero policial, desde el ordenador de ese despacho fueron enviados una serie de mensajes de despedida -también wasaps- en los que Blanco asumía la sustracción de las armas y exculpaba a sus “compañeros y amigos”. Los indicios en el caso de los gemelos de Ourense acusados de asesinato La UDEV, la excepción Los informes policiales y periciales -asegura González Seoane- “nos dan la razón”. “Las tesis mayoritarias de las unidades policiales, salvo la UDEV de Ourense, sostienen que Celso se suicidó”, destacando las aportaciones de Madrid: la Unidad de Asuntos Internos y la contribución de la Brigada Central de Delitos contra las Personas/Grupo I de Homicidios de la Comisaría General de la Policía Judicial. “Es el informe más relevante de todos los que se han efectuado pues ha tenido a su disposición todos los informes de las distintas unidades investigadoras obrantes en autos y los diferentes informes periciales elaborados por las distintas unidades que han intervenido en este procedimiento”, destaca el abogado. Pero, además, añade que “ningún perito confirma el homicidio”. El abogado de los gemelos pide a la Audiencia que revoque la decisión de la jueza y lanza una pregunta: “¿Cómo va a ser posible dirigir el procedimiento por homicidio contra Roi y Bernardo si la mayoría de los informes periciales o apuntan a una etiología suicida o señalan la dificultad de determinar el origen de la muerte?”. Recuerda que la apertura de un procedimiento penal por homicidio peca de un error de base: no se ha acreditado la existencia indubitada de un homicidio. Y hace valer lo qué han dicho otros jueces de instrucción a los que han llegado coletazos de la rocambolesca historia fraguada en la comisaría ourensana. Un auto de Instrucción 2 del año 2018, confirmado por la Audiencia de Ourense, sobreseyó una querella en la que se responsabilizaba a los gemelos y a Blanco del envío de anónimos a Asuntos Internos y a varios medios de comunicación así como el acceso a bases de datos con las claves del policía Antonio Rodríguez, al que supuestamente trataban de perjudicar. La muerte de Celso queda ahora a expensas de la Audiencia. Por un lado, tiene a la fiscal y a la defensa alineadas en el mismo bando mientras que los abogados que representan a la familia (uno de los hermanos), así como a los policías Antonio Rodríguez y al armero Ernesto Araújo, quienes ejercen la acusación particular, al lado de la jueza.