A la macrocausa de la llamada operación Zamburiña contra el tráfico de drogas a mediana escala en la ciudad solo le resta la fecha de juicio en la Audiencia de Ourense tras una dilatada instrucción a trompicones por los múltiples recursos que fueron presentando la representación legal de los investigados, hasta un total de 13, entre supuestos narcotraficantes y cuatro policías que estuvieron adscritos al Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de As Lagoas .
Las cuestiones previas centrarán buena parte de las intervenciones de las defensas en tanto que todas reclaman la nulidad de las actuaciones en base a lo que entienden como una vulneración del derecho constitucional del secreto de las comunicaciones. Es decir, pretenden invalidar el auto de marzo de 2015, rubricado por el juez de Instrucción 1, Leonardo Álvarez, que autorizó las intervenciones de varios teléfonos, incluidos los de los policías, dando cuerpo a la investigación de Asuntos Internos.
La fiscalía considera que los policías dejaban traficar a los narcos en busca de "crédito corporativo" mientras que los aludidos dicen que solo se trataba de confidentes de los que se valían para conseguir información sobre los movimientos de la droga en al ciudad para detener a los responsables.
Y aunque la principal inculpada, Josefa P.G., alias Pucha, una vieja conocida de la policía con antecedentes por tráfico de drogas, se mostró colaboradora durante los registros en una casa de Punxín y el piso donde vivía en la ciudad -llegó a indicar donde estaba escondida la droga- así como ante el juez de instrucción tras ser detenida, en el juicio no será así. Precisamente, esta inculpada se enfrenta a la petición de cárcel más elevada :13 años de prisión.
Su letrado asegura que las autorizaciones judiciales de intervención de las comunicaciones telefónicas, declaración del secreto de sumario así como las entradas y registros "vienen derivadas de una conspiración que con aportación de información falsa o tergiversada indujo al error al juez de instrucción". De forma velada alude así en su escrito al anónimo que recibió Asuntos Internos en el que se hablaba de corrupción en la Policía de Ourense con graves acusaciones -robo de armas, tráfico de drogas- .
Una investigación posterior de la UDEV de Ourense atribuyó ese anónimo a otros tres policías: Celso Blanco y los hermanos Roy y Bernardo D.L. Estos dos últimos figuran como investigados en un sumario de Instrucción 3 por el presunto homicidio de Blanco, una causa en la que la fiscalía, hasta la fecha, no ha visto indicios sólidos para sostener esa tesis y sí la del suicidio.
Para el abogado de Pucha, toda la prueba obtenida en el procedimiento contra ella resulta "ilegal, incluso su declaración en sede judicial". En la operación Zamburiña, fue a la investigada que más droga se le incautó: 2,7 kilos de cocaína en Punxín y casi dos en la casa de O Couto, además de medio kilo de heroína y otro medio kilo en un piso que Asuntos Internos le atribuye en Covadonga.
La abogada de la pareja de Josefa P.G., Rachid E., el presunto lugarteniente, también habla de la nulidad de la totalidad de las actuaciones. Idéntica argumentación que el resto de acusados (María B.G. y Xacobe B.F.), a los que la acusación pública incluye en el grupo liderado por Pucha, pero en un eslabón inferior.
En el sumario aparece un segundo grupo, conformado por José Ramón R.R. "Tronquito", su esposa, Estrella G.D. y Francisco Javier G.C. "Pelao. Fátima G.M. y el pontevedrés José V.V. se encargarían de suministrar a los dos grupos.
El abogado del matrimonio al que se le incautaron 87 gramos de cocaína en un garaje que regentan y una pistola en su casa argumenta que la investigación parte de pruebas "prefabricadas, falseadas y obtenidas ilegalmente por funcionarios de Policía de la Comisaría con la voluntad de la injusta imputación de otros policías". En su escrito, aparece referenciado el robo de seis armas del búnker de la comisaría, aunque sin nombres propios.
"Sus autores pretendían que se iniciara una investigación sobre el policía que custodia la cámara acorazada", asegura. Pero también alude a otros rastros probatorios, a su entender, prefabricados -accesos a las bases de datos para consultar matrículas de vehículos policiales- saliendo en defensa del inspector de policía acusado, Antonio R.F.
Asimismo, la mayor parte de los letrados coinciden en aplicar la atenuante de dilaciones indebidas -los hechos ocurrieron en 2015 y el juicio no será hasta 2020- y otros la de drogadicción de los representados.
La defensa del inspector habla de “fines espúreos" en el juez instructor
La defensas de los policías acusados, Felipe M.A, Mercedes C.G., José Antonio R.F. y el inspector Antonio R.F. plantean nulidad de actuaciones y vulneración de derechos. La abogada de este último, en un escrito de 88 folios, pone nombres. Considera responsables de la situación procesal de su cliente a los gemelos Roy y Bernardo D.L. No solamente, los llega a identificar como "asesinos" de Celso Blanco sino como los autores de la sustracción de las armas y el anónimo que puso a Asuntos Internos encima de los inculpados en la Zamburiña.
La letrada habla de "enfoque tendencioso de la instrucción" y de un proceso "desequilibrado y carente de equidad". Incluso habla de "una relación personal" entre los gemelos y el juez de la Zamburiña con "fines espúreos" que perjudican a Antonio R.F. y favorece a los hermanos, aludiendo incluso a una reunión clandestina para preparar declaraciones en calidad de testigos.
