Dinero para disuadir a una embarazada de un aborto, frenar las amenazas de peligrosos grupos criminales o afrontar gastos más mundanos como sufragar el alquiler de la casa o comprar algo de comida. Un matrimonio de rumanos que en 2020, cuando se interpuso la denuncia, estaba afincado en O Barco está acusado de un delito continuado de estafa por arruinar al anterior párroco de O Barco, Tomás Rodríguez, quien falleció en julio del pasado año, tras fingir casos de emergencia a lo largo del tiempo. En total, el dinero defraudado ronda los 80 mil euros en un nuevo delito de robo o estafa en la provincia de Ourense.
Los acusados, Marius N.B., de 25 años, y Luminita M.M., de 24, se instalaron en esa villa valdeorresa en 2017. La pareja rumana, nada más asentarse en la villa (residía en la rúa Eloi Mira), recurrió, según fuentes de la investigación, a la parroquia en busca de ayuda económica, además de alimentos y ropa, ante sus dificultades para llegar a fin de mes. De esta forma, descubrió la solidaridad del sacerdote (suele atender a la población en un inmueble de la rúa A Balorca, donde está instalada Cáritas) con las personas con escasos recursos.
El Ministerio Fiscal considera que, con ánimo de enriquecerse injustificadamente, idearon un plan para tocar la fibra sensible del sacerdote de forma que les entregase dinero con excusas falsas, sabedores de la buena voluntad del perjudicado. Incluso, según determinó la Guardia Civil, crearon la identidad falsa de dos prostitutas, Bianca y Vanesa, desde el teléfono de su titularidad, y le pidieron dinero para no tener que abortar. Sabían que Tomás era generoso y ayudaba siempre a los más desfavorecidos.
Llegaron a pedirle dinero -dice el fiscal- para pagar el alquiler de la vivienda, hacer la compra, sufragar facturas médicas suyas o de familiares próximos o gastos derivados de un accidente de tráfico y amenazas de grupos criminales.
El denunciante confió en la palabra dada por los dos inculpados para seguir teniendo crédito: le devolverían todo el dinero prestado cuando consiguieran vender una casa en su país natal, Rumanía.
En la investigación judicial se constató que, entre el 29 de noviembre de 2017 y el 28 de noviembre de 2019, el sacerdote les entregó a ellos o familiares, directamente, mediante transferencias o incluso terceras personas, un total de 44.819 euros. En el momento en que la víctima se quedó sin efectivo en sus cuentas, pidió más dinero a un amigo -le dejó 34.300 euros-. El destinatario final, según el fiscal, era nuevamente el matrimonio acusado.
Los inculpados se enfrentan a la petición de cuatro años y medio de cárcel y una multa (10 meses con un cuota de seis euros al día) con responsabilidad penal en caso de impago. La responsabilidad civil asciende a 79.119 euros.
