La demanda de vivienda pública en la provincia de Ourense continúa hundida ante la falta de proyectos por parte de las administraciones. Apenas 558 personas figuran inscritas en el registro de demandantes del Instituto Galego de Vivenda e Solo, lo que supone un 3,6% de los casi 15.200 que se anotan en toda Galicia. Así, en Lugo hay 1.723, en A Coruña 5.479 y en Pontevedra 7.427.
En esta línea, lo que sucede en la ciudad de Ourense, donde ayer la Xunta de Galicia entregaba las llaves de ocho viviendas en Covadonga, ejemplifica las pocas esperanzas, con apenas 216 demandantes, tres veces menos que, por ejemplo, Ferrol. La actividad en Ourense se concentra en Casco Vello.
Provincia
Villas como Verín, Allariz o Celanova no tienen en marcha, de momento, ninguna iniciativa. Si bien desde Allariz recordaban la existencia de un edificio de viviendas para facilitar el acceso a casa en alquiler a jóvenes y personas mayores. Fue un proyecto impulsado durante el gobierno bipartito en la Xunta de Galicia con implicación municipal (el Concello promovió el proyecto y puso los terrenos).
En los concellos del rural de A Baixa Limia y Terra de Celanova las acciones encaminadas a facilitar vivienda pasan por la recuperación de inmuebles. Entrimo o Ramirás llevan años aplicando esa política, mientras que otros concellos como Bande, Cartelle o Quintela de Leirado están en pleno desarrollo de esta oferta.
En cuanto a la zona del Ribeiro, el Concello de Cenlle ha adjudicado una de las dos viviendas municipales rehabilitadas para ser alquiladas. Ha sido ocupada por una familia del municipio, con dos menores, que residía fuera, precisamente por no disponer de vivienda. Además, tiene abierto el proceso para alquilar un apartamento, para el que, según señaló el alcalde, Gabriel Alén, hay varios interesados.
Mientras la primera, de tres habitaciones, cuesta a los inquilinos 120 euros mensuales, la que está pendiente es de 70 euros, fijados por el concello según los criterios de las viviendas oficiales. Asimismo hay seis casas modulares proyectadas por el Instituto Galego de Vivenda, con una inversión que ronda un millón de euros. El Concello de Boborás trabaja en un plan parcial dotacional en la localidad de Almuzara para construir viviendas de protección oficial.
En Valdeorras, el Concello de Larouco ultima los detalles para poder alquilar las dos viviendas que en su día ocuparon los maestros de la localidad. La alcaldesa, Patricia Lamela Rodríguez, indicó ayer que únicamente falta su enganche a la red eléctrica.
En Rubiá son seis las viviendas de profesores que arregla el Concello para ofrecer y captar población. Un aspecto que está pendiente de determinar es si serán dadas en alquiler o bien se pondrán en venta.
La alcaldesa de Xinzo de Limia, Elvira Lama, reconoce que "hoxe non hai ningunha iniciativa" de vivienda de protección oficial, aunque recuerda que "hai anos fixeron algunha promoción de vivendas en avenida de Portugal e tamén nunha urbanización de adosados", pero "logo da parálisis da construcción non hai iniciativas deste tipo".
