Denegado un nuevo juicio para el atracador que no entendió la conformidad

La Audiencia de Ourense no da por buena la excusa de David S.P. (51 años) para forzar un nuevo juicio en el que poder optar a salir airoso. Condenado a ocho años y medio de cárcel por dos atracos ocurridos durante el confinamiento del pasado año, tras refrendar por videoconferencia desde la prisión de Pereiro una sentencia de conformidad, recurrió en apelación ante la Audiencia de Ourense, tras cambiar de letrada, porque, según se decía en el recurso, el inculpado no comprendió lo qué estaba ocurriendo en la vista debido a la discapacidad intelectiva leve que padece. Según ese argumento, la anomalía psíquica reduce su capacidad de comprensión. “Solicita el recurrente la nulidad del acto de juicio al estimar que concurre en la existencia de vicio de consentimiento al no comprender en su plena extensión la petición de condena qu se le solicitaba”, planteaba su letrada. La sala, tras visionar de nuevo el juicio desarrollado en el Penal 2, concluye que no hubo irregularidades en su desarrollo “al advertir la juzgadora al acusado -destaca el fallo de apelación- “la naturaleza y consecuencias del acto de conformidad que se desarrollaba”. La jueza le comunicó la pena que se interesaba y preguntó al inculpado si estaba conforme “a lo que este responde de forma nítida y clara que está de acuerdo”. En el recurso aclara que pensó que los cuatro años y tres meses eran por los dos delitos imputados y no en relación a cada uno de ellos, tal como se le manifestó. Y aporta informes en los que se manifiesta la necesidad de David de “recibir apoyo para lograr comunicarse con los demás de una forma apropiada para asegurarse de que entiende la información y de que se le proporciona el tiempo necesario para asimilarla”. En este punto, los magistrados se detuvieron en el historial delictivo del inculpado. “Presenta previas condenas por delitos de robo con violencia que dieron lugar a cumplimiento penitenciario y, por lo tanto, ”es conocedor de las penas que se imponen por este tipo de delitos”. De hecho, David volvió a delinquir en el confinamiento tras salir de prisión, en donde cumplió una condena del año 2015 de cuatro años por un robo con intimidación. “Cuando se le comunicó la pena solicitada por el Ministerio Fiscal era ya conocedor del arco punitivo señalado para este tipo de condena y que la imputación se correspondía con dos delitos”, argumenta la sala para dejar claro que el acusado sabía más de lo que dice ahora. Además, añade, que fue conocedor de la petición de pena de la fiscal con carácter previo al juicio y, aunque su letrada le comunicó la conformidad alcanzada en el momento previo al inicio de la vista oral, “tuvo los elementos necesarios para poder formalizar su voluntad”. El recurso también cuestionaba la celebración del juicio por videoconferencia, algo permitido por ley porque no supera cada delito los cincos años de cárcel. La Audiencia deja entrever que hubiera sido más correcto de forma presencial por la gravedad de las penas “pero esta opinión subjetiva no puede prevalecer sobre el marco legal”. Y recuerda que la anterior abogada pudo instar la celebración presencial del juicio si lo estimase conveniente, valorando la condiciones de su cliente. “No lo hizo, y esa carencia no puede salvarse ahora por vía de recurso mediante alegaciones que descansan en la subjetividad del acusado y sin acreditación probatoria”. UN ESCASO BOTÍN: 85 EUROS EN LAS DOS SUSTRACCIONES El inculpado acaba de salir de prisión cuando cometió los atracos por los que fue condenado el 16 de octubre del pasado año. Debía regresar a Asturias en autobús, pero lo perdió debido a las restricciones de la pandemia y se quedó sin dinero. Los asaltos por los que fue condenado le proporcionaron un pingüe botín de 85 euros. Entró con un cuchillo de cocina a una tienda de golosinas de Curros Enríquez dos días seguidos, el 31 de marzo y el 1 de abril de 2020.