La operación "Pretor" de la Guardia Civil permitió desarticular grupos criminales de Ourense, Zaragoza y Valencia como supuestos autores de delitos de extorsión y bloqueo de capitales: el modus operandi era amenazar a personas que habían accedido a una web de citas
La Guardia Civil, en el marco de la Operación Pretor, detuvo a ocho personas por varios delitos de extorsión, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. Los presuntos autores, de nacionalidad española y dominicana, actuaron a través en diferentes provincias de España, entre ellas Ourense. También se habrían visto afectadas Valencia y Zaragoza. Además, la investigación se inició y llevó a cabo desde la vecina provincia de Lugo, donde denunciaron las primeras víctimas, todas ellas siguiendo un patrón semejante.
El modus operandi que llevaba a cabo la organización era siempre el mismo. Una vez que las víctimas se registraban en una página web de contactos sexuales -con el fin de intimar con mujeres que se anunciaban en la plataforma-, los presuntos autores comenzaban a intimidarlos.
Para lograr la extorsión, la organización llamaba por teléfono a los usuarios y, si no contestaban, les dejaban mensajes de voz. Algunos de los denunciantes llegaron a recibir fotografías o vídeos en los que se ve a personas encapuchadas y armadas. En ellos, les amenazaban con hacerles daño a ellos o a sus familiares si no accedían a satisfacer sus peticiones monetarias.
Las víctimas, según informó la Guardia Civil, empujadas por el miedo que estas amenazas les provocaban, no dudaban en abonar diferentes pagos -a demanda de los presuntos autores-. Así, el grupo criminal lograba grandes cantidades de dinero que eran remitidas a diferentes cuentas bancarias.
A lo largo del tiempo y valiéndose de este método, los autores habrían logrado hacerse con una cantidad cercana a los 20.000 euros.
Ahora, desde el Instituto Armado investigan si hay más víctimas de extorsión, dado que reconocen que “muchos de los perjudicados no denuncian los hechos ocurridos por vergüenza o por su situación personal. No quieren que se conozca lo sucedido y acceden a las peticiones de los delincuentes”, señalan. Por el delito de extorsión, los presuntos autores podrían enfrentarse desde uno a cinco años de cárcel.
A esto habría que sumarle entre dos y cuatro años por pertenencia a un grupo criminal y otra vez la misma cantidad por blanqueo de capitales.
