Detectan timos de antenistas piratas a edificios en la resintonización de TDT

La llegada del 5G obliga a realizar cambios en antenas colectivas en más de 7.000 edificios de la provincia, un proceso que se inició el pasado mes de febrero y que con motivo de la crisis del covid-19 no tiene fecha límite –ya que muchos instaladores no han podido seguir realizando los trabajos–, pero que ha disparado las alarmas en la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones, donde han detectado "timos" relacionados con el proceso, cometidos por "antenistas pirata", que realizan trabajos innecesarios con sobrecoste. El jefe provincial de Telecomunicaciones, Enrique San Martín, pone sobreaviso que hay un potencial de 1.562 comunidades de vecinos que podrían afrontar estos sobrecostes injustificados en este segundo dividendo digital, que tiene por objetivo liberar la banda radioeléctrica de 700 megahercios para dedicarla a servicios de telefonía móvil, y que obliga a cambiar la frecuencia de varios canales de TDT. Potenciales víctimas: 1.500 edificios de la provincia De los 8.797 edificios de la provincia –las viviendas unifamiliares no necesitan adaptación–, un total de 1.562 tienen amplificador de banda ancha y son las mayores víctimas del "timo", ya que no necesitan adaptación ninguna pero las están realizando con pagos innecesarios a no autorizados. El amplificador de banda ancha es el único de los sistemas que no requiere de ninguna adaptación, ya que el propio amplificador sirve para recibir los nuevos canales. Sin embargo, en Telecomunicaciones han detectado una triquiñuela mediante la cual instaladores no autorizados acuden igualmente y colocan un filtro de 5G, por el que cargan a las comunidades en torno a 60 euros, cuando no lo necesitan. "El filtro no o es necesario, ya que lo deberán instalar en el momento de ocupar la banda de 5G los respectivos operadores de telecomunicaciones, no la comunidad de vecinos. Ahora solo estamos en el proceso de librar la banda", explica San Martín. En este sentido, denomina como un "timo" lo que se está aplicando "en algunos casos, de momento una minoría, y en connivencia con administradores de fincas que trabajan con instaladores no autorizados". El jefe provincial de Telecomunicaciones advierte al vecindario de que "empiecen a sospechar si desde la administración de fincas les dicen que es muy complicado conseguir la subvención del Gobierno". Este es el modus operandi que se está utilizando, no solo en el caso de edificos con centralitas de banda ancha, sino en otros también. San Martín recomienda que en caso de que esto suceda "consulten en la página web de la Secretaría de Estado de Avance Digital el listado de instaladores autorizados, para asegurarse de que el que les mandan está entre ellos. "Como el sobrecoste de 60 euros del filtro innecesario o de 90 euros en caso de centralitas reprogramables es pequeño para una comunidad, no se suele protestar, pero se les está generando perjuicio a propietarios y distribuidores autorizados". La oficina de Telecomunicaciones tiene constancia de que estos instaladores no autorizados están acudiendo a algunas comunidades, en las que los administradores de fincas advierten a los propietarios de que la subvención que facilita el Gobierno para esta adaptación de los canales de TDT es un procedimiento enrevesado. "Eso no es así, ya que los instaladores autorizados de la provincia se encargan de realizar toda la documentación para pedir la subvención, que cubre la práctica totalidad de la obra. Las comunidades de vecinos solo tienen que facilitar un número de cuenta y un CIF". Por ello, Enrique San Martín es claro: "Si les dicen que conseguir la subvención es un proceso complicado, deben desconfiar". Tres tipos de instalación Hay tres tipos de instalaciones de recepción de TDT. Un total de 1.562 edificios tiene amplificador de banda ancha, víctima favorita de los sobrecostes, ya que no necesitan ninguna adaptación. Otros 3.000 edificios tienen una centralita programable, que necesita ser reprogramada y tiene un coste que ronda los 90 euros, subvencionable. El mayor montante lo representan los 5.700 edificios que cuentan con amplificadores monocanal, y que afrontan un pago de cerca de 250 euros, también subvencionables, ya que deben añadirse amplificadores nuevos por cada uno de los nuevos canales.