Una peritación calcula en 505.000 euros los 286 metros cuadrados de un local que será enajenado
Las deudas que la Cámara de Comercio lleva acumuladas por el impago de las nóminas de sus empleados tiene ya consecuencias sobre el patrimonio de la entidad. De forma inminente saldrá a subasta una parte de su sede de la avenida de La Habana. Así consta en varias sentencias dictadas por la Justicia en el ámbito de lo social, instancia a la que acudieron trabajadores de la entidad para hacer valer sus derechos al percibir que transcurrían y sus nóminas no se abonaban.
Uno de los fallos dictados en este sentido alude a que se convoca "la subasta del bien embargado a la empresa embargada, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Ourense" de una parte de su sede de la avenida de La Habana, con una superficie de 286 metros cuadrados, a la que se le aplica una tasación oficial de 505.560 euros.
Como quiera que no se han abonado ni la cuantía de la deuda, mucho menos los intereses o las costas de los procedimientos, "y con el fin de cubrir dichas cantidades", el bien saldrá a subasta en breve. Para ello se insertará los próximos días el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Una vez que se produzca la inserción, al día siguiente se hará pública la información del bien a enajenar en el portal de subastas electrónicas de la Agencia Estatal Tributaria.
De esta resolución es sabedora la Consellería de Economía, Emprego e Industria, organismo tutelante de la Cámara de Comercio, y sobre la que ha recaído la gestión de la entidad una vez que el gobierno cameral dimitió hace ya seis meses y las elecciones para constituir un equipo alternativo no se han podido celebrar porque el plazo de presentación de candidaturas finalizase sin que se presentasen postores suficientes.
Los trabajadores de la Cámara de Comercio llevan sufriendo varias vicisitudes durante los últimos años. La entidad llegó a tener más de una veintena de trabajadores, que llegaron a verse afectados por un Expediente de Regulación de Empleo. Además, la falta de liquidez de la Cámara supuso que se acumulen hasta casi un año de deudas en la percepción de sus nóminas. La mayoría han decidido dejar su empleo pero reclamando vía judicial las cantidades adeudadas. Las sucesivas sentencias que están cayendo son coincidentes en su fallo: procede la subasta de la sede para resarcir los pagos.
Un camino errático que se mantiene durante años
La Cámara de Comercio debe seguir prestando alguno de sus servicios porque así lo establece la ley. Una de sus funciones básicas es la expedición de certificados de origen, lo que permite a las empresas exportadoras cubrir un expediente que, de lo contrario, deberían hacer en Vigo. Pero en la entidad apenas quedan trabajadores que, por cierto, siguen sin cobrar. La Consellería de Economía es quien ha rescatado a la Cámara por ser el organismo tutelante como entidad de derecho público. Una junta gestora asume las riendas camerales como situación transitoria, pero tampoco está clara la viabilidad de la institución. El equipo de gobierno que la dirigía dimitió a finales del 2017 y el periodo electoral abierto a continuación se tuvo que cerrar porque no se pudieron cubrir las candidaturas ofertadas. Ante esta tesitura la Xunta ha sorteado entre los empresarios a posibles candidatos a los que les está enviando cartas para ver si les apetece ser vocal o presidir una entidad en la ruina.
