Aunque denostada por la mayoría de alcaldes, que ven un "castigo" del Gobierno central a las entidades locales, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera –conocida popularmente como Ley Montoro– continúa en vigor y obliga cada año a ayuntamientos y diputaciones a no incurrir en una situación de más gastos que ingresos o a no sobrepasar un techo de gasto que se calcula en función de la liquidación del ejercicio anterior y la previsión de crecimiento de la economía.
En un 2018 marcado por la convocatoria electoral de mayo del presente año, los datos aportados recientemente por el Ministerio de Hacienda reflejan que 18 concellos ourensanos se situaron fuera de los marcos que por la ley le corresponderían, lo que les acarrea la obligación de aprobar durante el presente año un plan económico financiero que determine las medidas a seguir para recuperar la situación de equilibrio, una tarea que en la mayoría de los casos no supone más que planteamientos cosméticos dada la práctica inexistencia de deuda bancaria y el ahorro existente en las arcas municipales, conocido como remanente de tesorería.
La situación es especialmente reseñable en cuatro ayuntamientos de la provincia –Maceda, Ramirás, Trives y Toén–, ya que los datos remitidos por los consistorios a Hacienda reflejan que han incumplido tanto el objetivo de estabilidad presupuestaria, incurriendo en una situación de déficit en el pasado ejercicio, como la regla de gasto.
Por otro lado, hay cuatro municipios que únicamente se han saltado el principio de estabilidad. Son Manzaneda, O Bolo, Carballeda de Valdeorras y Barbadás, este último el único que tuvo un superávit no financiero de más de 141.300 euros, un escenario que se repite respecto a ejercicios anteriores y que su gobierno municipal explica por la necesidad de ejecutar lo máximo posible el presupuesto, recordando que no tienen deuda y sí un amplio remanente.
El incumpliento más habitual sigue siendo, por su parte, no ceñirse a la regla de gasto, un escenario en el que se situaron el año pasado una decena de consistorios, además de los cuatro que tampoco cumplieron la emta de estabilidad. Deben realizar ajustes los concellos de Nogueira de Ramuín, Padrenda, Vilariño de Conso, Gomesende, Chandrexa de Queixa, Montederramo, Petín, Xunqueira de Espadanedo, Boborás y Larouco.
Hacienda “señala" a 17 ayuntamientos por no enviar datos
Los datos divulgados por el Ministerio de Hacienda, de finales de julio, dejan "señalados" también a 17 ayuntamientos de la provincia que no remitieron la información de sus liquidaciones presupuestarias en tiempo y forma, entre ellos el Concello de Ourense, que la aprobó a mediados de julio.
Tampoco han cumplido Amoeiro, O Barco, Os Blancos, A Bola, Castro Caldelas, Cortegada, Laza, Oímbra, Punxín, Rairiz de Veiga, A Rúa, San Cristovo de Cea, Sarreaus, A Veiga, Verín y Vilardevós.
