Política

La Diputación incide en la defensa de entidades locales

Manuel Baltar participó en Vigo en la manifestación del 10 de agosto contra los acuerdos de la FEMP.
photo_camera Manuel Baltar participó en Vigo en la manifestación del 10 de agosto contra los acuerdos de la FEMP.
La Junta de Gobierno aprobó una declaración sobre la "inconstitucionalidad" del acuerdo de la FEMP

La Diputación de Ourense celebró una nueva Junta de Gobierno telemática en la que se aprobó una declaración que insta al Gobierno a no apropiarse de los recursos de las entidades locales, tras el acuerdo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FMEP) para ceder su gestión de los remanentes. En el texto recuerdan las actuaciones "pioneras" desempeñadas por entidades locales desde el inicio de la pandemia para garantizar la seguridad sanitaria, así como de las ayudas para "protagonizar la recuperación económica y social". En este plano recuerdan las adoptadas por la entidad provincial para autónomos y pymes ourensanas.

La declaración destaca que "el Gobierno no destinó euros algunos a las entidades locales para la lucha contra el virus" y sus consecuencias. Por ello, a través de la FEMP piden medidas para "disponer del 100% de los remanentes de tesorería". La decisión acordada en el seno de la entidad para dejarlos sin sus ahorros, "excluía al mundo rural y a más de 3.500 ayuntamientos que cerraron 2019 con deuda o sin remanente positivo", dicta la declaración.

La medida aprobada solo con los votos socialistas llegó al Consejo de Ministros con aspectos "más lesivos y que cambia las condiciones pactadas". Los ahorros de las entidades locales serán gestionados por el Gobierno central, mientras este le ofrece una "pequeña parte" para cuestiones que se definen dentro del Real Drecreto-ley 27/2020. Desde la Diputación consideran la propuesta "inaceptable" y asegura que viola "los artículos 137 y 142 de la Constitución, que consagran los principios de autonomía y suficiencia financiera" en la gestión de las entidades locales.

Con esto, en la Junta de Gobierno provincial declara una serie de propuestas. La primera se basa en apoyar la "inconstitucionalidad" del decreto aprobado, para "defender" los intereses de las entidades locales. El segundo rechaza el procedimiento negociador del Gobierno con la presidencia de la FEMP. El tercero se centra en "rechazar cualquier medida orientada a apropiarse de los ahorros de los ayuntamientos".

Por último, instan al gobierno a "respetar y garantizar" la autonomía que tanto la Constitución como las leyes otorgan a las entidades locales en las gestión de sus recursos y a que el Ministerio de Hacienda "cumpla con la totalidad del acuerdo consensuado por la Junta de Gobierno de la FEMP". 

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