La Diputación de Ourense ha podido recuperar -tras cumplir con todos los trámites y justificaciones pendientes- 483.323 euros del proyecto comunitario Arraiano, financiado con fondos Feder de la Unión Europea, que se le adeudaban desde 2010. El desbloqueo de esta partida, unido al pago de casi un millón de euros hace unos meses, hace que los ingresos obtenidos últimamente por devoluciones comunitarias asciendan a más de 1,4 millones.
Entonces, habían sido 990.965 euros los que, según la Diputación, estaban retenidos en el Ministerio de Hacienda pero que ya fueron ingresados en las arcas provinciales.
Según la institución provincial, el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, se marcó como objetivo primordial potenciar los servicios y la cooperación entre concellos. Así, uno de los asuntos clave era la gestión de la deuda que otras administraciones tienen con la Diputación, para acercar vías de acuerdo que permitan hallar soluciones que hagan posible el retorno de esos fondos a las arcas de la institución provincial.
ADELANTO DE FONDOS
La cuantía de 483.323 euros es un conjunto de cantidades que, en primer lugar, deben ser asumidas por las entidades locales beneficiarias de los proyectos, adelantando los fondos para, posteriormente, justificarlos por medio de la correspondiente certificación a la autoridad de pago.
La institución enmarca estas gestiones en el plan piloto de 'Racionalización da estructura administrativa', encargado a la Diputación por el Gobierno central.
Según la institución provincial, el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, se marcó como objetivo primordial potenciar los servicios y la cooperación entre concellos. Así, uno de los asuntos clave era la gestión de la deuda que otras administraciones tienen con la Diputación, para acercar vías de acuerdo que permitan hallar soluciones que hagan posible el retorno de esos fondos a las arcas de la institución provincial.
ADELANTO DE FONDOS
La cuantía de 483.323 euros es un conjunto de cantidades que, en primer lugar, deben ser asumidas por las entidades locales beneficiarias de los proyectos, adelantando los fondos para, posteriormente, justificarlos por medio de la correspondiente certificación a la autoridad de pago.
La institución enmarca estas gestiones en el plan piloto de 'Racionalización da estructura administrativa', encargado a la Diputación por el Gobierno central.
