La Oficina Europa de Lucha contra el Fraude (Olaf) detectó en los programas 'Daredo' y 'Deputrans' -por los que se instalaron minidepuradoras de aguas residuales en los pequeños concellos ourensanos- irregularidades administrativas que 'suponen la obligación de reembolsar las cantidades percibidas'.
El informe de la Olaf hecho público ayer tiene fecha del 22 de julio de 2013 y responde a la investigación desarrollada con varias visitas de control durante el año 2012, a partir de una denuncia recibida en la oficina europea 'procedente de un empresario español del ámbito de la depuración de aguas', según el escrito, que entregó el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, a los grupos de la oposición, aunque faltan por enviar varios anexos con los resultados de los controles realizados y las observaciones que la propia Diputación hizo en enero de este año.
Ese informe llegó a la Diputación hace tres días, junto con un escrito de 'inicio de procedimiento de reintegro del Feder (ayudas europeas) recibido indebidamente', en el que se explica como necesario 'descertificar la totalidad de los 10 millones de euros para regularizar la situación, y el reembolso por parte de la Diputación de 10,1 millones de euros'. La Diputación tiene 15 días a partir de la notificación para presentar alegaciones y el Ministerio de Hacienda tendrá 12 meses para resolver lo que proceda.
Todo lo investigado permite a la Olaf concluir que la empresa que instaló las minidepuradoras, Soluciones Medioambientales y Aguas, 'disponía de información sobre el proyecto 'Daredo' que no era de conocimiento público, sin que la Diputación haya aclarado cómo pudo obtenerla ni si fue puesta a disposición de los otros licitadores. Reconoce que una denuncia por este tema ante la fiscalía fue archivada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense pero dice que su investigación fue más amplia que la del fiscal, pues se analizaron no sólo los contratos de las plantas depuradoras sino también los contratos de asistencia técnica para su instalación.
Ese mismo informe detecta también posibles 'ilícitos penales', que estarían contemplados en el Código Penal español, razón por la que el BNG pidió ayer la destitución 'fulminante' del delegado territorial de la Xunta, Rogelio Martínez, que en esos años era vicepresidente de la Diputación. La Diputación aprobará hoy una comisión de investigación sobre este asunto.
Ese informe llegó a la Diputación hace tres días, junto con un escrito de 'inicio de procedimiento de reintegro del Feder (ayudas europeas) recibido indebidamente', en el que se explica como necesario 'descertificar la totalidad de los 10 millones de euros para regularizar la situación, y el reembolso por parte de la Diputación de 10,1 millones de euros'. La Diputación tiene 15 días a partir de la notificación para presentar alegaciones y el Ministerio de Hacienda tendrá 12 meses para resolver lo que proceda.
Todo lo investigado permite a la Olaf concluir que la empresa que instaló las minidepuradoras, Soluciones Medioambientales y Aguas, 'disponía de información sobre el proyecto 'Daredo' que no era de conocimiento público, sin que la Diputación haya aclarado cómo pudo obtenerla ni si fue puesta a disposición de los otros licitadores. Reconoce que una denuncia por este tema ante la fiscalía fue archivada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense pero dice que su investigación fue más amplia que la del fiscal, pues se analizaron no sólo los contratos de las plantas depuradoras sino también los contratos de asistencia técnica para su instalación.
Ese mismo informe detecta también posibles 'ilícitos penales', que estarían contemplados en el Código Penal español, razón por la que el BNG pidió ayer la destitución 'fulminante' del delegado territorial de la Xunta, Rogelio Martínez, que en esos años era vicepresidente de la Diputación. La Diputación aprobará hoy una comisión de investigación sobre este asunto.
