Desmonta así la versión del acusado, que sostuvo que tenía el permiso tácito de su superior y que el dinero, un total de 14.961 euros, era para el centro
El director del colegio público de Oímbra fue claro: "En ningún momento le di autorización para firmar por mí y poder cobrar los cheques". Con sus declaraciones, negó la versión del exprofesor de música Agustín Aparicio, que también ejerció como secretario y encargado del servicio de comedor del centro, acusado de un delito continuado de malversación de caudales públicos y otro de falsedad. Así lo explicó ayer al jurado popular en el segundo día reservado por la Audiencia para este caso.
El responsable del centro insistió en que "lo habitual era que se pagase a proveedores mediante cheques, pero no en metálico", palabras avaladas por el inspector de Educación, que también declaró como testigo. Asimismo, el director relató que fue en diciembre de 2007 -después de que el acusado dejase el centro- cuando el consejo escolar no aprobó las cuentas, percatándose de que el balance no coincidía con la contrapartida. "Hasta entonces, no hubo ningún problema porque depositamos en él nuestra confianza y nos fiábamos de sus cuentas", detalló.
Fue el inspector el que dio parte a la jefatura provincial del desfase en los cálculos de los gastos del comedor, alertado por el director cuando supo que les faltaba dinero.
Uno de los peritos de la Guardia Civil que analizaron las firmas de los 73 cheques valorados en casi 15.000 euros ratificó sus manifestaciones previas: "Una era la firma del profesor y la otra -eran necesarias las rúbricas de dos autorizados para poder cobrarlos- también estaba hecha por él, porque los trazos eran idénticos a los de su letra". Precisamente, esto lo reconoció el acusado el martes, manteniendo que "tenía el permiso tácito del director".
La fiscal, que mantiene la solicitud de seis años de prisión, sostiene que el acusado "simuló la firma con un claro ánimo de lucro para beneficiarse del montante y hacer frente a su mala situación económica" La acusación particular, la Consellería de Educación, pidió ocho años.
La abogada de la defensa solicitó la libre absolución, porque "no queda demostrado" que el hombre se quedase con el dinero. En caso de ser condenado, pidió la atenuante de dilaciones indebidas.
