"Aunque algo no tenga consecuencia penal no quiere decir que no haya habido desfalco". Era una de las valoraciones que el actual alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, realizó después de conocerse que la Audiencia Provincial daba carpetazo en 2019 al caso de la ayuda a domicilio, exculpando de cualquier delito a la exedil del PSOE de Asuntos Sociales Marga Martín.
Con ese argumento, el regidor buscaba lanzar balones fuera sobre una de las muchas denuncias contra los miembros del bipartito PSOE-BNG que mandó en la ciudad entre 2007 y 2012 que quedaron en nada, insistiendo Jácome en que aunque la justicia absuelva a alguien no le exime de cometer irregularidades, unas sospechas que se ciernen sobre él en el manejo que hace del dinero público que recibe Democracia Ourensana de Concello y Diputación.
Así, aunque para la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3, Eva Armesto, las pruebas no sean suficientes para mantener abierta la causa contra Jácome –que ni siquiera fue llamado a declarar–, él no ha dado ningún paso desde que sus propios compañeros de partido hiciesen públicas las dudas sobre el comportamiento del líder de DO, manteniéndose en la opacidad y limitándose a reconocer que desvía el dinero para su empresa privada.
Los ingresos a los que tiene acceso Jácome como gestor de las cuentas de la formación rondan los 270.000 euros euros anuales entre las asignaciones de las instituciones y las dedicaciones exclusivas. A esa cifra hay que añadir las aportaciones de los asesores, en el ojo del huracán, con transferencias que llegaban incluso a superar los 2.000 euros de una sola nómina. Los sueldos del personal de DO suman más de 530.000 euros al año. La fijación con contratar más personal eventual ha sido una de las constantes de Jácome desde su entrada en el Concello. El sector crítico estima que Jácome puede manejar unos 400.000 euros al año.
Asimismo, tras la demanda de los críticos de DO por su expulsión, el propio alcalde no escondía su preocupación por la "afectación económica" que le supondría perder el control del grupo municipal, llegando a jactarse en la última junta de portavoces de ingresar más dinero al reintegrarse tres de los cuatro concejales que lo abandonaron.
El único edil que sigue como no adscrito, Manuel Álvarez (vicepresidente del partido), intentó acceder a las cuentas del partido solicitándoselas a Jácome por burofax a finales de agosto, sin respuesta a día de hoy. Esa falta de explicaciones desencadenó la crisis de gobierno, al abandonar 12 ediles sus responsabilidades. Tras intentar obtenerlas a través del Tribunal de Cuentas, este organismo les respondió que están en manos de Jácome y que éste, para cumplir la legislación, debía publicarlas en la página web del partido, algo que nunca ha sucedido, por lo que la ciudadanía no tiene la capacidad de escrutar la gestión económica de DO.
El partido de Jácome sigue manejando, además, miles de euros pese a que su legalidad está en entredicho, a punto de cumplirse el plazo de seis meses que le dio el Ministerio del Interior para remitir los estatutos adaptados a la ley. Está sobre la mesa la posibilidad de iniciar un procedimiento de extinción de DO, que nunca ha cambiado nada desde 2001, cuando se fundó.
