La edil de Urbanismo acusa al PP de 'mentir' sobre la licencia de un centro de salud

La concejala de Urbanismo, Áurea Soto, ha acusado este jueves al PP de Ourense y, en particular, a su portavoz, Rosendo Fernández, de 'mentir' a todos los ciudadanos, respecto a la situación de las infraestructuras de la ciudad, y aseguró que las obras sanitarias no peligran al estar amparadas por la normativa provisional.
El portavoz del grupo popular, Rosendo Fernández, se hizo eco ayer de una sentencia firme del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula la licencia de obra otorgada por la junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ourense de 2011 para la construcción del centro de salud en el barrio de O Vinteún tras la anulación del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de 2003.

A este respecto, Soto ha replicado que la licencia está amparada por la normativa provisional y que lo único que tiene que hacer la Xunta de Galicia es 'volver a solicitar la misma licencia' a fin de regularizar su situación.

En declaraciones a los medios, la concejala recordó que la sentencia publicada por el contencioso de Ourense, una vez anulada, fue recurrida por el Ayuntamiento 'en base a que el ámbito anulado estaba recogido en la normativa provisional vigente'.

El Tribunal Superior en su sentencia 'confirma la anulación y dice que hay que dar la licencia otra vez, en base a la normativa provisional'.

'El PP y su portavoz, Rosendo Fernández, mintieron e intentan echarle la culpa de su Plan General (PGOM de 2003), y a este gobierno municipal', que recordó, 'consiguió los terrenos, los urbanizó y logró la licencia de obra'.

'La Xunta de Galicia tiene que volver a solicitar la misma licencia amparada en la normativa provisional' para proceder a su aprobación, reiteró.

Por este motivo, Soto ha instado al PP a pedir 'perdón' por esas declaraciones que forman parte, dijo, de la 'mentira sistemática' de los populares.

Dicha licencia fue recurrida por el abogado Feijoo Miranda y la hija de un promotor, que vinculó con el grupo 'Democracia Ourensana', fuerza con dos concejales en la corporación municipal.

Por último, Soto, advirtió que es 'mentira' que el Ayuntamiento tenga que pagar '50.000 euros en costas', como denunció la concejala popular Mónica Mourelo, y rebajó dicha cuantía a un máximo de '1.935 euros'.

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