Se movilizan para evitar las multas por no declarar su pensión extranjera

Emigrantes retornados claman contra Hacienda

Francisco González (derecha) se dirige a otros compañeros afectados por las sanciones. A su lado, Paz. (Foto: M. ANGEL)
La parlamentaria del BNG Tereixa Paz y el emigrante retornado Francisco González se reunieron ayer con ourensanos procedentes de la emigración y ahora afincados de nuevo en sus lugares de origen para buscar apoyo con el que hacer frente a los requerimientos de la Agencia Tributaria, que les obliga a realizar la declaración de la renta desde 2008 y a pagar la totalidad de la cantidad resultante en un plazo de 10 días.
El primero de los dos encuentros programados se produjo en la Alameda do Concello y el segundo en el Campo de la feria, aprovechando la segunda jornada de mercado del mes. En ambos, Paz y González urgieron la movilización de todos los afectados, para lograr un trato justo e igualitario para este colectivo. Por ello, pidieron y anunciaron acciones parlamentarias en Santiago para lograr la revocación de los expedientes ya iniciados y la devolución del dinero pagado; la anulación de los expedientes sancionados abiertos contra miembros del colectivo, mostrar su rechazo al cobro 'abusivo' de intereses de demora por parte de la Agencia Tributaria y la modificación de la ley para garantizar la igualdad de trato para los emigrantes retornados.

El problema es que no han tributado por las pensiones generadas en el extranjero, una exigencia que otros foros de afectados en Galicia creen que debe anularse tal y como está concebida para que se inicien otros procedimientos nuevos, 'con más información y datos más exactos'.

El BNG, que ya ha organizado charlas en toda Galicia -pueden estar afectados unos 25.000 emigrantes retornados sólo en esta Comunidad autónoma- reclama la paralización de todo este proceso o, en todo caso, hacer frente a los requerimientos del Ministerio de Hacienda que, criticaba ayer Tereixa Paz ante el grupo de retornados que acudieron a su convocatoria, permite, sin embargo, que 'aos auténticos defraudadores fiscais se lles concedan amnistías'.

En todos los casos se trata de emigrantes que trabajaron en Europa y hay algunos que, entre la multa y los intereses por la demora en el pago, tendrán que desembolsar hasta 15.000 euros.

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