el fiscal reclama una pena de un año de prisión pero la acusación particular que ejerce un acreedor en el concurso la eleva a ocho años
Emilio C.F., acusado de apropiación indebida o alternativamente de administración desleal por el fiscal, negó ayer ante el tribunal de la sección penal de la Audiencia de Ourense que se hubiera quedado con el dinero de los alquileres -175.000 euros- de un edificio destinado a un geriátrico en Vilanova da Veiga (Chaves) en vez de ingresarlo en Per-Vaz-Port, la sociedad dueña del inmueble en la que figuraba como administración y que estaba en proceso de liquidación por problemas de liquidez financiera (concurso de acreedores). "No se puede acreditar la apropiación indebida porque el arrendatario nunca pagó al arrendador", aseguró su letrado, Luis Salgado Carbajales.
Por este delito, el fiscal reclama una pena de un año de prisión pero la acusación particular que ejerce un acreedor en el concurso la eleva a ocho años ya que le imputa apropiación, administración desleal y alzamiento de bienes.
Carbajales planteó en su alegato que la acusación por alzamiento no se sostiene porque nunca se planteó a lo largo de la instrucción, lo que causa indefensión a su cliente.
Asimismo, sostiene que la administración desleal se introdujo en la reforma del Código Penal de 2015 y la acusación se fundamenta en hechos perpetrados entre marzo de 2011 y febrero de 2014.
Por contra, el fiscal mantiene que el inculpado perjudicó gravemente a los acreedores vaciando Per-Vaz-Port de ingresos "valiéndose de otras empresas gestionadas por él".
