Dos concesionarias solicitaron la resolución de sus contratos en los últimos meses: ayuda a domicilio y transporte urbano.
La crisis también parece pasar factura a los servicios municipales. En los últimos seis meses, dos empresas adjudicatarias han solicitado la rescisión del contrato al Concello por no llegar a los objetivos que se habían marcado al inicio de la adjudicación. Ocurrió el pasado agosto con la concesionaria del servicio de ayuda a domicilio -Fomento de Servicios Sociosanitarios- y a finales del año pasado con la del transporte urbano -Urbanos de Ourense-. En ambos casos, el Concello ha desestimado la pretensión de las empresas, que han tenido que continuar con la prestación de los servicios.
En el caso de Fomento de Servicios Sociosanitarios, la propia empresa justificó su deseo de romper de mútuo acuerdo el contrato, alegando que la disminución constante de la facturación desde el inicio de la concesión "ha provocado un notable desfase entre las previsiones iniciales y los datos reales obtenidos del servicio que se presta". Una situación que, según defendía entonces la empresa, "hacía inasumible" continuar con la prestación. Así, según la compañía, en 2012 ingresó 2,7 millones de euros cuando, según la concesión, debía superar los 2,8 millones. El argumento no fue avalado por el Concello, que defendió que en el pliego de condiciones no se establecía un mínimo de horas obligatorias, sino un precio por hora, de forma que el negocio quedaría a "risco e ventura do contratista".
Transporte urbano
El último caso hasta el momento lo ha protagonizado la concesionaria del transporte urbano, que solicitó la rescisión del contrato -a poco más de un año de su vencimiento- alegando la imposibilidad de dar cumplimiento al número de viajeros comprometidos en el momento de la adjudicación. En su solicitud de rescisión, Urbanos de Ourense no alude a la crisis, sino que atribuye la reducción de viajeros al descenso de habitantes empadronados en el municipio, a las alteraciones en el tráfico urbano, las modificaciones de las concesiones autonómicas y también al hecho de que los autobuses urbanos de la ciudad no puedan, como sí hacía la anterior adjudicataria, recoger viajeros en A Valenzá (Barbadás), después de que así lo estipulara una sentencia judicial.
Al igual que en el caso anterior, los técnicos municipales desestimaron estos argumentos y, con ellos, esta pretensión al no detectar "qué causa o razón hace conveniente al interés público la resolución del contrato", además de destacar que la legislación establece que la ejecución de un contrato con la administración se realiza "a riesgo y ventura del contratista". Así, el asesor jurídico municipal destaca en su informe que, analizando la situación del servicio, "todo nos lleva a pensar que el licitador (la empresa) hizo una oferta especialmente buena, por eso ganó (el concurso de adjudicación) y ahora ve en entredicho su beneficio".
Aunque en el ámbito de los servicios municipales la situación se remonta a unos meses, desde el inicio de la crisis, el Concello ha tenido que afrontar otras resoluciones de contratos, si bien en estos casos eran derivados de los problemas económicos de empresas que estaban realizando obras para la institución municipal. Así, la primera adjudicataria de los trabajos de construcción del centro cívico de Seixalbo abandonó los mismos en 2011 y provocó un retraso en la ejecución del proyecto que a punto estuvo de ocasionar que el Concello perdiese los fondos estatales que lo financiaban, algo que finalmente no sucedió.
