La política de personal de la Diputación y, en concreto, los 32 despidos anunciados, fue el tema más recurrente en el debate de la sesión plenaria de ayer.
También antes de la misma, en una visita a la autovía de Celanova, donde el presidente de la institución, Manuel Baltar, fue preguntado por este asunto. Allí justificó que la decisión 'xa está tomada' y se hizo en base a un estudio elaborado 'concienzudamente' y por causas económicas. 'É unha cuestión económica, cunha connotación persoal negativa', señaló. Con respecto a las negociaciones con el comité laboral, iniciadas el martes, señaló que 'haberá algunha reunión máis pero a decisión xa está tomada'. Manuel Baltar recordó que el objetivo es que las rescisiones de contrato sean efectivas en febrero de 2013.
Después, en el pleno, el portavoz del BNG, Leopoldo Rodríguez, consideró que esta medida es consecuencia de una política de 'excesos' en las últimas décadas, avalada por los diputados del PP, a los que pidió su dimisión. Sostuvo que el expediente es el primer paso de futuras regulaciones y, siendo la Diputación ourensana pionera en presentar medidas de este tipo, propuso que también lo sea en realizar 'expediente familiar de empleo', de modo que se reduzca el número de empleados entre las familias que tienen a varios miembros contratados en la institución 'para repartir así as cargas'. En todo caso, consideró que la reducción del 10% para los grupos políticos que contemplan los presupuestos es 'coherente'.
CRÍTICAS
El socialista Ignacio Gómez criticó que el ERE es la consecuencia 'dunha política de gasto público nefasta e despilfarradora', en la que 'utilizaron ás persoas para os seus fins partidistas' y teme que la situación 'poida empeorar'. Reprochó al presidente provincial que, a la vez que plantea el despido de 32 empleados, cree nuevas plazas como la de 'asesor técnico da Presidencia', con un salario anual de 80.000 euros. El socialista coincidió también en la demanda al presidente de bajada de sueldo, a la vez que calificó de 'escándalo' que el presidente y el gerente del Inorde estén cobrando 73.000 y 75.000 euros anuales, aunque sean brutos.
Mientras, el portavoz del PP, Rosendo Fernández, defendió que 'este plan (el expediente de regulación de empleo) preséntase pola necesidade de redimensionar e adelgazar a administración provincial'. Con respecto a la contratación de asesores, aseveró que la Diputación ourensana es la que menos tiene, mientras la de Lugo, con un bipartito entre el PSOE y el BNG, cuenta con 27.
Después, en el pleno, el portavoz del BNG, Leopoldo Rodríguez, consideró que esta medida es consecuencia de una política de 'excesos' en las últimas décadas, avalada por los diputados del PP, a los que pidió su dimisión. Sostuvo que el expediente es el primer paso de futuras regulaciones y, siendo la Diputación ourensana pionera en presentar medidas de este tipo, propuso que también lo sea en realizar 'expediente familiar de empleo', de modo que se reduzca el número de empleados entre las familias que tienen a varios miembros contratados en la institución 'para repartir así as cargas'. En todo caso, consideró que la reducción del 10% para los grupos políticos que contemplan los presupuestos es 'coherente'.
CRÍTICAS
El socialista Ignacio Gómez criticó que el ERE es la consecuencia 'dunha política de gasto público nefasta e despilfarradora', en la que 'utilizaron ás persoas para os seus fins partidistas' y teme que la situación 'poida empeorar'. Reprochó al presidente provincial que, a la vez que plantea el despido de 32 empleados, cree nuevas plazas como la de 'asesor técnico da Presidencia', con un salario anual de 80.000 euros. El socialista coincidió también en la demanda al presidente de bajada de sueldo, a la vez que calificó de 'escándalo' que el presidente y el gerente del Inorde estén cobrando 73.000 y 75.000 euros anuales, aunque sean brutos.
Mientras, el portavoz del PP, Rosendo Fernández, defendió que 'este plan (el expediente de regulación de empleo) preséntase pola necesidade de redimensionar e adelgazar a administración provincial'. Con respecto a la contratación de asesores, aseveró que la Diputación ourensana es la que menos tiene, mientras la de Lugo, con un bipartito entre el PSOE y el BNG, cuenta con 27.
