El abogado de la principal acusada alega que en las casas donde apareció abundante droga vivía más gente
A la instrucción de la operación Zamburiña contra el tráfico de drogas, la macrocausa en la que figuran como imputados 13 personas, cuatro de ellas policías nacionales del anterior grupo de drogas de la comisaría, aún le queda recorrido y, por tanto, meses de espera para la celebración del juicio ante la Audiencia de Ourense.
Pese a que la fiscalía ya presentó el escrito de acusación en el mes de julio, quedan por resolver varios recursos de los letrados, entre ellos, los planteados por los abogados de seis de los encartados contra el auto del Juzgado de Instrucción 1 que da por concluidas las diligencias de investigación, dando luz verde al procedimiento abreviado al tiempo que fija quienes deben sentarse en el banquillo e insta al ministerio público a que formule acusación. Este recurso implica que el propio juzgado (cuatro de ellos) y subsidiariamente la Audiencia provincial en apelación (dos) deben examinar de nuevo el caso.
Por el momento, la fiscal ya interesó la confirmación del auto frente al recurso interpuesto contra la apertura del procedimiento abreviado al entender que debe ser durante el juicio donde se resuelvan las posibles responsabilidades penales de los imputados.
Argumentos de las defensas
Asimismo, tras la presentación del escrito de acusación por parte de la fiscalía, se abre ahora el turno de los argumentos de las defensas. Para el letrado de la principal inculpada en este proceso, Josefa P.G., alias Pucha, para quien la fiscal pide la pena más dura (13 años de prisión) al considerarla la jefa de un grupo criminal dedicado al narcotráfico en la ciudad, son nulas las entradas y registros en la viviendas de Punxín, O Couto y Covadonga, en donde se incautaron medio kilo de heroína y algo más de cinco de cocaína. "Los registros se realizan en base a unas intervenciones telefónicas que en el caso de Josefa constituyen una prueba ilícita porque el juzgado las autorizó para investigar a unos policías no a ella", asegura el abogado Jorge Temes. Añade que a Pucha "no le ocuparon droga", es decir, que no llevaba encima las sustancias estupefacientes, y "en las viviendas donde apareció vivían otras personas".
Temes también cuestiona que se pueda hablar de "pertenencia a grupo criminal" porque "eso implica una jerarquía, permanencia y estructura que no se da". Y, a su entender, "no existen pruebas en las actuaciones que vinculen a Josefa P.G. con los policías investigados para hablar de conexión delictiva". Asimismo, dice que la tenencia ilícita de armas que le aplica la acusación no se mantiene porque "era una pistola Taser" (eléctrica).
El SUP habla de "desproporción"
Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que desde un primer momento tomó parte activa en el caso defendiendo la inocencia de los cuatro policías investigados, tildó de "auténtica desproporción la petición de penas de la fiscal, aunque a la vista de las decisiones que fue tomando estos último tres años no nos sorprende". La acusación pública reclama siete años y medio de cárcel para el ex jefe de drogas, Antonio R.F., además de multa e inhabilitación; siete años y nueve meses para Felipe M.A.; seis años y tres meses para Mercedes C.G. y multa para José Antonio R.F.
El secretario general del SUP en Galicia, el ourensano Roberto González, apeló "a la inocencia" de los policías investigados. "Estamos convencidos de que en la Audiencia Provincial quedará probado que estos policías han sido las víctimas de un cúmulo de despropósitos durante la investigación de Asuntos Internos y la instrucción judicial".
Este diario contactó con varios de los letrados que representan a los 13 imputados pero declinaron valorar porque no se les había notificado el escrito de acusación. "No puedo entender que en un proceso de este tipo el documento no se haya trasladado a Lexnet cuando ya ha salido en los periódicos", aseguró Ricardo Orbán, el letrado de José Ramón R.R., el otro inculpado al que la fiscal acusa de dirigir el segundo grupo dedicado a la venta de droga en la ciudad y que supuestamente gozaba de protección policial.
