La familia del afectado, de 101 años, exige agilidad en un proceso de resolución de dependencia, que suele tardar nueve meses
El 3 de marzo, Gabriel D. G. recibió la resolución de la valoración de dependencia de su padre, de 101 años, dos años y medio después de solicitarla y para la que, ya en 2019, más de 2.100 ourensanos esperaban en lista su llegada. Desde diciembre de 2020 hasta el pasado marzo, el estado de salud de su padre empeoró, y fue necesario cambiarlo de residencia. “Si lo hubiesen valorado entonces tendría grado I, ahora le han dado grado III, con el que no estamos de acuerdo, ni sus hijos ni las profesionales que lo ven a diario”, explica. La ley de dependencia establece tres grados (I, dependencia moderada; II, dependencia severa; y III, gran dependencia).
Su padre camina sin ayuda, sube escaleras, va al servicio de forma autónoma, no sufre incontinencia, lee el periódico cada día y sale a tomar el café: “Por eso no entendemos cómo pueden decir que presenta ese grado tan alto de dependencia, como si necesitase a una persona con él en todo momento”. Cuando Política Social valoró a su padre acababa de volver al geriátrico después de una semana hospitalizado, “quizás por eso concluyeron que tenía un grado III, si no, no se entiende”.
La resolución también incluye que la familia no recibirá ningún tipo de prestación económica. “Tendremos que hacer frente a los 1.600 euros de la plaza. Además, al atribuirle ese grado III, tenemos que cambiarlo a otro centro geriátrico especializado, lo que supondría un trastorno muy grande, él muy acostumbrado a su residencia”, asegura su hijo. “Nos sentimos totalmente indefensos ante esta situación”, añade. Aunque esta semana presentó una reclamación formal ante Política Social, tiene poca esperanza: “Ya nos han dicho que tendremos que reclamar por vía judicial, lo que supone más gastos, claro”.
El padre de Gabriel ingresó en una centro de la tercera edad en 2014. En 2020, empezó a necesitar ayuda para vestirse, por lo que la familia decidió tramitar la dependencia y la invalidez. “Desde entonces, no volvimos a saber nada de la dependencia, aunque sí nos llegó la resolución de la invalidez. La trabajadora social preguntó qué pasaba con la solicitud hace meses, y le dijeron que nos faltaba el certificado de empadronamiento”, explica. Desde Política Social le aseguraron que se había enviado el requerimiento del documento, pero nunca llegó a la familia. “No sabemos qué pasó, pero no lo recibimos ni nadie nos avisó. Además, es un papel que la administración puede pedir… hubo un cúmulo de fallos”, comenta. La traba burocrática alargó el proceso de valoración y resolución, mientras la familia seguía haciendo frente al coste de la residencia. “Nos han dicho que podemos reclamar la cuantía económica de los gastos que nos ha provocado esta espera”, apunta.
Lista de espera
La Valedora do Pobo cifraba en su informe anual de 2021 en 288,92 días (más de nueve meses) el tiempo medio de espera entre la solicitud y la resolución. En el caso de Gabriel, esperó 825 días para recibir la valoración. La resolución indica que no podrá acceder a prestaciones económicas, por lo que no podrá acceder a la lista de espera de residencias públicas. En agosto, 350 dependientes de la provincia aguardaban para acceder a una plaza.
