El fiscal pide penas entre 17 y 23 años de prisión para los cuatro inculpados por el brutal crimen

La esposa y la hija del chófer de Verín, acusadas de asesinato

Ilidio Magalhaes, el presunto sicario, el día en que declaró en el juzgado de Verín. (Foto: XESÚS FARIÑAS)
El fiscal Carlos Martínez Bombín ha dado traslado al juzgado del escrito de acusación provisional por el crimen que le costó la vida al chófer verinense Bernardino Pousa Rodríguez, de 59 años, el 11 de septiembre de 2009 cuando regresaba de un viaje. El representante del ministerio público reclama penas de cárcel entre los 17 y los 23 años por asesinato para cada uno de los cuatro procesados: la esposa de la víctima, Dolores Álvarez; su hija, Ángeles Pousa; el novio de ésta, Alberto Fernández, y el sicario supuestamente contratado para ejecutar la muerte de la víctima, Ilidio Magalhaes Ribeiro 'el Cobra'.
Precisamente, la acusación pública es para este último, un vecino de Chaves de 30 años, para quien reclama la máxima pena en su escrito de acusación, un total de 23 años. Incluye la pena en su tramo superior al considerar que concurren al mismo tiempo las tres circunstancias que pueden concurrir en un asesinato: el precio o recompensa, la alevosía y el ensañamiento. El cadáver presentaba un total de 16 golpes (asestados con una barra de hierro) y un corte en el cuello que le dejaba ver la tráquea.

En el escrito en el que reclama la apertura del juicio oral con un tribunal de jurado, el fiscal considera al sicario como el autor material del asesinato, y a los otros tres, como inductores. Para quien menos pena reclama es para el novio de la hija, en tanto que no le aplica la agravante de parentesco, y ello pese a los intentos que hizo, en su segunda declaración en el juzgado, de exculpar a su pareja y a la madre de esta última para asumir él solo la planificación del asesinato.

Bernardino Pousa apareció golpeado y degollado en las cocheras de la empresa Autocares Guerra en Verín cuando regresaba de cubrir una ruta a la costa pontevedresa en domingo.

Según las investigaciones judiciales, el sicario recibió distintos pagos de los otros acusados hasta completar los 7.000 euros convenidos. El móvil, según parece, radicaría en las malas relaciones de Alberto Fernández con el padre de su novia, así como la intención de la víctima de querer divorciarse de su mujer (de hecho ya no convivían juntos).

El hermano del malogrado, Germán Pousa, que ejerce la acusación particular en este proceso, manifestó en alguna ocasión que el crimen se cometió 'únicamente por motivos económicos', ya que Bernardino 'quería separarse y repartir los bienes gananciales'.

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