Debería licitar en tiempo récord las partidas de los Presupuestos Generales, a una media de 84 millones de euros cada mes
El Gobierno deberá actuar contrarreloj si quiere cumplir con las inversiones comprometidas para este año en Ourense. No lo tendrá fácil. Las cuentas entraron ayer en el Senado para su ratificación y si se cumple el calendario previsto serían de ejecución a partir de julio. Es decir, seis meses para invertir 505 millones de euros, a razón de 84,1 millones de euros cada mes. Se antoja ambicioso el plan si tenemos en cuenta que antes de cada inversión se tiene que producir el trámite de licitación y adjudicación de una obra.
Ministerios y sociedades públicas del Estado deberán darse prisa porque los primeros tienen que diligenciar 33,8 millones de euros y los entes públicos 471,1 millones de euros. Si tomamos como referencia las cantidades presupuestadas y ejecutadas en los últimos años el reto para este año será incluso más complejo. De los 2.702 millones de euros que se presupuestaron entre los años 2012 y 2016 se adjudicaron 1.073 millones, por lo tanto el 67,5% de las obras previstas no salieron del papel. Y eso que en los citados ejercicios se contaba con un año natural para gastar el dinero, no como este año, que únicamente serán hábiles seis meses.
En este escenario el compromiso para la llegada del AVE también puede ponerse en tela de juicio. La última fecha comprometida para que entre en Ourense —a través de la línea convencional, ya que la variante exterior queda aplazada— es el último cuatrimestre del 2019, pero también el Gobierno deberá pisar el acelerador para cumplir su palabra. El Adif habilitó para este año 461,3 millones sobre una cantidad total de 749,06 millones que invertirá en el eje Olmedo-Lubián-Ourense. Por lo tanto se deberían invertir mensualmente 76,8 millones de euros hasta el 31 de diciembre para cumplir con los compromisos adquiridos. Al ritmo que se llevan tramitadas las últimas obras en los últimos presupuestos, parece complejo que se logre ejecutar todo el dinero para garantizar que el AVE circule en la última fecha prevista.
Pero no solo está en juego esta obra estratégica para la provincia ya que los Presupuestos del Estado también prevén 9,5 millones de euros con cargo a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil o 5,7 millones para el complejo cultural de San Francisco, entre otras intervenciones. En el mismo cajón se incluían 15 millones de euros para impulsar las autovías a Ponferrada y a Lugo, aunque en ambos casos más allá del límite con la provincia de Ourense.
LICITACIÓN 2017
Mientras, la realidad dibuja un panorama inversor muy pobre en la primera parte del año. El Gobierno trabaja con un Presupuesto prorrogado hasta que entre en vigor el actual precisamente porque el año pasado los diferentes avatares políticos impidieron la formación de gobierno.
Entre enero y abril de este año el Gobierno central ha licitado en la provincia obras por valor de 4,3 millones de euros, apenas un millón cada mes, muy lejos de los objetivos previstos, sobre todo teniendo en cuenta las cuantiosas sumas que requiere el tendido ferroviario del AVE. Seopan, la patronal de las grandes constructoras españolas, acaba de certificar estas cantidades entre enero y abril, después de que el cuarto mes el Gobierno licitase 343.000 euros.
También el resto de las provincias gallegas sufren el mismo mal, aunque Ourense sale de nuevo más desfavorecida. El ejecutivo de Mariano Rajoy ha licitado 7,8 millones de euros en el primer cuatrimestre en A Coruña, mientras que en Pontevedra la cifra fue de 9,4 millones. Lugo ocupa en esta ocasión el farolillo rojo con 421.000 euros.
Por lo que se refiere a la suma total de inversiones licitadas por todas las administraciones entre enero y abril (central, autonómica y local), A Coruña se encarama a la primera posición con 56,1 millones de euros, seguida de Pontevedra, que llega a los 47,1 millones. En Lugo la cantidad ha sido de 13,2 millones y en Ourense, 14,3 millones de euros.
Los presupuestos generales pasan ahora al Senado
El Senado recibió ayer el texto del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 tras su aprobación en el Congreso, y repetirá la misma tramitación que en la Cámara Baja, con la previsión de que el proceso quede finiquitado menos de un mes después, la última semana de junio, gracias a la cómoda mayoría absoluta de la que dispone el PP en el Senado y a la intención del Ejecutivo de que no se introduzcan nuevas enmiendas a los presupuestos. El Gobierno pretende que el texto no incorpore ningún cambio en la Cámara Alta, con el fin último de evitar que el proyecto presupuestario tenga que ser ratificado posteriormente en el Congreso ante la votación tan ajustada que se produciría en caso de llevarse a cabo, en paralela a la vivida el pasado miércoles (176 votos a favor-174 en contra).
