Los seis exmandatarios locales acusados de prevaricación no declararán hasta el jueves
Las cinco personas que comenzaron a trabajar para el Concello de Ourense mediante contratos prorrogados para la prestación de servicios (asistencias técnicas) y posteriormente pasaron a formar parte de la plantilla del ente público, tras varios pronunciamientos que declararon su despido improcedente, aseguraron ayer que ni conocían ni trataban a los seis excargos del gobierno bipartito acusados de prevaricación continuada. Más aún, alguno incluso precisó que renegaba de los políticos ourensanos, todavía hoy: "A nivel político nunca me gustó la ciudad y sigue sin gustarme", recalcó.
Llegaron al Concello por distintos caminos, todos ellos, según dieron a entender, un tanto azarosos: por colaboraciones previas con el servicio de Rehabilitación y Vivienda, porque formaba parte de la bolsa de trabajo del Concello o incluso, en un caso, lo llamaron a casa año y medio después de concluir la carrera.
Así lo dijeron, uno a uno, en la primera sesión del juicio seguido en el Juzgado de lo Penal 2 contra el exalcalde Francisco Rodríguez (PSOE), la exedil Áurea Soto (PSOE), los exconcejales del BNG Iolanda Pérez y Fernando Varela, así como los exdirectores xerales Xosé Carballido y Xosé Somoza (BNG).
Los inculpados no declararon en la primera sesión del plenario porque la jueza aceptó la petición del letrado Jorge Temes de que sean los testigos los que comparezcan previamente para garantizar un mejor derecho de defensa. La primera vez que se acepta en Ourense tras el acuerdo plenario de las secciones quinta y sexta de la Audiencia de Barcelona acordando que los imputados declarasen al final. También se acordó así en el juicio en Pamplona contra La Manada (cinco acusados) por una violación en los Sanfermines de 2016.
La denuncia
Los cinco -tres arquitectos, una aparejadora y un asesor jurídico- siguen trabajando hoy para el Concello como personal laboral no fijo (podrían perder la plaza si se saca a concurso). El ente local, tras perder los juicios que reconocían su relación contractual con la Administración local, optó por readmitirlos en vez de indemnizarlos (la mayoría están en el Concello desde 2008), dando pie a la denuncia de CIG y USO, que desembocó en el juicio que comenzó ayer, en donde solo el último de los sindicatos ejerce la acusación junto a la representante del ministerio fiscal (reclaman 10 años de inhabilitación especial para cada acusado).
Los contratados coincidieron en señalar que, en un principio, durante los primeros años, facturaban en calidad de autónomos propuestas concretas que no superaban los 18.000 euros al año. A partir de enero de 2011, las facturas eran mensuales -entre 1.700 y 1.900 euros, dependiendo del trabajador en cuestión-, siguiendo las indicaciones de los jefes de servicio en Urbanismo.
Trabajaban en dependencias municipales y también disfrutaban de periodos vacacionales. El interventor reparaba las facturas, pero el entonces alcalde, Francisco Rodríguez, los levantaba para que pudieran percibir sus honorarios.
La llegada a la alcaldía de Agustín Fernández Gallego, quien declarará hoy como testigo, puso fin a esa práctica en 2013. Los trabajadores afectados acudieron entonces ante la jurisdicción laboral, que declaró el carácter laboral de la relación contractual que los vinculaba al Ayuntamiento de Ourense. La readmisión conllevó la firma de los consiguientes contratos, aunque uno de ellos, según aseguró ayer, aun no lo firmó conforme a los términos de la sentencia. n
