n n n El exalcalde de Trives Francisco José Fernández se sentó ayer en el banquillo del Penal 1 acusado de un delito de prevaricación por, supuestamente, levantar ilegalmente un pleno extraordinario el pasado 24 de enero de 2014, impidiendo el debate de ningún punto del día (la oposición planteaba una iniciativa a raíz del conflicto existente con la secretaria del Concello, que había sido suspendida de sus funciones de forma cautelar por decreto de la Alcaldía). El juicio volvió a celebrarse tras ordenar la Audiencia su repetición (había sido absuelto). La única acusación es la particular, ejercida por el exportavoz del PSOE Manuel José Vicente de Inés, que pide ocho años de inhabilitación para el exregidor. El ministerio fiscal no ejerce acusación, ya que ve el acto de levantamiento del pleno ilícito pero "no transciende a lo penal".
El exregidor de Trivés declaró que el 24 de enero de 2014 "estaba lendo un informe xurídico e non tiven constancia de que o secretario houbera pedido a palabra". Fernández, que es abogado, mostró su "descoñecemento da área do contencioso-administrativa". En el momento del pleno, el Concello de Trives carecía de un secretario-interventor, por lo que se destinó a un secretario en "comisión circunstancial". Este profesional declaró en el juicio que acudía un par de horas a la semana a asesorar a la Corporación y que atendía en ese momento a 44 concellos más. El exregidor declaró su "solicitude en reiteradas ocasións á Xunta dun interventor", ya que la figura destinada era "insuficiente". Fernández afirmó que este secretario no le advirtió de ninguna ilegalidad en el momento de levantar el pleno. "Se tivera un atisbo de que fose unha infracción, non ía facelo. O Concello naquel momento tiña un montón de contenciosos pola súa situación concursal, o que menos quería eu era provocar outro", dijo.
El secretario señaló que en ese pleno "pedí la palabra en dos ocasiones y creo recordar que se me dijo que no tenía uso de la palabra". Una testigo, concejala de la oposición en aquel momento, declaró que "el secretario pidió la palabra", aunque no refirió de qué forma lo hizo.
La acusación particular mantiene que "el alcalde impuso su opinión", que "sabía perfectamente cómo funcionaban los plenos" y que "impidió el turno de la palabra al secretario porque no quería escuchar su opinión".
La defensa, ejercida por Carlos Seoane, recordó que tras el citado pleno "se siguieron celebrando plenos cada mes" y que "ningún querellante pidió la reanudación del pleno". Defiende que la no convocatoria del pleno fue "un acto de mero trámite, no prevaricación”. Pide la absolución del exalcalde.
