Ricardo Campo Labrador, citado a comparecer el día 5, fue concejal de Urbanismo en el
penúltimo mandato popular. Áurea Soto acusa a aquel gobierno de malversación de fondos públicos
Un antiguo concejal de Urbanismo en Ourense con el PP, Ricardo Campo Labrador, declarará como imputado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense en relación con la denuncia interpuesta por la también exedil de Urbanismo del PSOE, Áurea Soto, contra el gobierno municipal popular que entre los años 1997 y 2002 eximió a promotores y constructores de Ourense de pagar al Concello el 10% de los aprovechamientos urbanísticos (bien en metálico o con propiedades) en suelos urbanos no consolidados de la ciudad.
Campo Labrador, que fue concejal de Urbanismo entre 1999 y 2003, declarará como imputado el próximo 5 de marzo, fecha para la que también está citado, en este caso como testigo, el anterior secretario municipal Mariano Rodríguez Gutiérrez. Años antes, este técnico había informado favorablemente la exención de esas cesiones urbanísticas, alegando la confusión que generaba una antigua Ley del Suelo que habría aconsejado, en el mandato del socialista Veiga Pombo (1991-1995) no exigir esas obligaciones urbanísticas; al menos así lo asumieron los políticos de aquel momento, el socialista Veiga y después el popular Cabezas, en cuyo segundo mandato fue concejal de Urbanismo Campo Labrador.
El juez Leonardo Alvarez ha reactivado las diligencias abiertas tras la denuncia de Soto con la providencia que llama a declarar a político y técnico, aunque ya había tomado declaración como testigo al arquitecto y aparejador municipal a los que la exconcejala socialista encargó un informe que evaluase las cantidades que el Concello dejó de percibir por esa medida de gracia y que suman 1.651. 140 euros en el período mencionado.
Áurea Soto había presentado en septiembre pasado una denuncia contra el gobierno municipal del PP por ese motivo, tras detectar un supuesto delito de malversación de caudales públicos, agravado -según su denuncia- por el valor de lo malversado y por el daño causado al servicio público, al haber dañado los intereses del Concello y de los propios ciudadanos.
La denuncia presentada se hacía acompañar, además del informe de los técnicos mencionados, de otro de fiscalización del período de 199 a 2002, redactado por el Consello de Contas, que advertía ya de este tipo de actuación irregular por parte del gobierno del PP; sobre todo porque la Lei do Solo de 1997 ya era tajante al respecto de la obligatoria cesión del 10% de aprovechamientos urbanísticos en ese tipo de suelos.
El gobierno municipal comenzó a percibir las cesiones urbanísticas en 2003, cuando se aprobó el Plan de Urbanismo de ese año, vigente hasta que una decena de sentencias lo anularon definitivamente en 2008.
