Cinco antiguos cargos nacionalistas declararon como imputados por prevaricación administrativa
Los cinco excargos nacionalistas citados a declarar como imputados en las diligencias abiertas en el Juzgado de instrucción número 1 por la contratación de asistencias externas en el Concello de Ourense se desvincularon ante el juez de esos contratos laborales, alegando que cuando se produjeron -en el bipartito de la ciudad, de 2007 a 2011- la responsabilidad laboral la ostentaba el área socialista de aquel gobierno, incluso sobre las áreas de gestión encomendadas a los entonces concejales del BNG. Además, algunos como Manuel Herminio Iglesias o Xosé Somoza, declararon que apenas estuvieron unos meses en el área de rehabilitación, donde se habrían producido; y Sánchez Vidal, por ejemplo, entregó al juez, Leonardo Alvarez, un escrito del secretario municipal, haciendo constar que había presentado su dimisión en mayo de 2009, por lo que difícilmente habría sido responsable de contratar asistencias externas en los dos años siguientes.
El juez había citado a declarar en calidad de imputados y en relación con un supuesto delito de prevaricación administrativa a los exconcejales Alexandre Sánchez Vidal, Manuel Herminio Iglesias, Fernando Varela y Xosé Somoza -que precisamente dimitió recientemente como portavoz municipal del BNG en la ciudad por ese motivo- y al exdirector xeral Xosé Carballido.
Pero sus testimonios ante el juez, breves (hora y media entre los cinco), sirvieron, según declararon después, para acreditar que no habían intervenido en la contratación de asistencias externas, aunque se hubiesen producido mientras ellos gestionaban las áreas municipales que les encargaron. Rodo habría quedado "meridianamente claro", dijo Carballido Presas al salir de declarar. Con todo, precisó que los contratos efectuados fueron impecables, negando también Sánchez Vidal que hubiese reparos del interventor, al menos mientras él fue teniente de alcalde. Sánchez Vidal precisó que sería "inconcebible" que todos ellos se pusieran de acuerdo para contratar a "catro chavales" pensando en que un juez los declararía indefinidos, no fijos, en una sentencia de 2014, precisó.
Los imputados, menos Fernando Varela y Xosé Somoza que no quisieron realizar declaraciones, señalaron al final del interrogatorio que, por lo que conocían del caso por sus abogados, el juez podría intentar resolver estas diligencias esta misma semana o en breve, y esperan que archivando las mismas.
Hay que recordar que se abrieron a raíz de una denuncia de los sindicatos CIG y USO, que ya llevó a declarar, como imputados, a los socialistas Agustín Fernández, Aurea Soto o la directora xeral de Personal, Carmen Dacosta.
