Piden responsabilidades a la Xunta por no tutelar el plan de viabilidad
La Plataforma de familias y extrabajadores de Aspanas Termal acusa del cierre de los centros de empleo para personas con discapacidad a los administradores de la Fundación Aspanas, Antonia Masid y Alicia Cortés, a las que pide investigar, según puso de manifiesto ayer el abogado de los afectados por el cierre, Xoan Antón Pérez Lema.
Al mismo tiempo, avanzó el abogado que "xa solicitamos a nulidade do concurso de acreedores por graves irregularidades, interpoñendo recurso de apelación na Audiencia", al tiempo que dieron traslado a Ourense del procedimiento penal abierto en Santiago de Compostela. El abogado informó que la jueza encargada del caso decretó la complejidad del caso y lo trasladó al Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense.
El letrado recordó que "cando se suscitou o plan de viabilidade para a empresa, a Xunta aprobouno, polo que se supón que era viable". Añadió Pérez Lema que el Centro Especial de Empleo de Aspanas Termal contaba con más de 1,3 millones de euros en recursos hasta junio de 2015.
Según el abogado, con ese plan de viabilidad lo que se produjo no fue una recapitalización de la empresa, sino que, por el contrario, medio año después del cambio de directiva -impuesto por la Xunta de Galicia para iniciar ese plan de viabilidad- la empresa presentaba concurso de acreedores por el "abandono dos traballadores" y por "unha posible descapitalización" de sus recursos, según el abogado de la Plataforma.
Este grupo de trabajadores recuerda que se contaba "con contratos coa Xunta por valor de máis de dous millóns de euros anuais para as actividades do centro" y se preguntan dónde ha ido a parar ese dinero, al tiempo que apuntan "con que diñeiro pagáronse as indemnizacións?". También concedió un año de prórroga (hasta junio de 2018) para que se recabe información, documentación y "coñecer os pormenores de derívaa de Aspanas Termal", dijo Pérez Lema.
Desde la Plataforma insisten en que "ao longo dos tres últimos anos houbo un relato falso que oculta a realidade" y que pretenden esclarecer con las acciones judiciales emprendidas en este momento.
Trascendencia pública
Los afectados de Aspanas Termal quieren, por otra parte, "dar trascendencia pública" a la pérdida de un servicio público que además de ser "el único medio para ejercer el derecho al trabajo de este colectivo de personas con discapacidad", "captaba recursos do Estado de máis de 700.000 euros anuais, ademais de facer importantes investimentos captando recursos públicos para a cidade".
Los trabajadores recordaron la consecución para la ciudad de las infraestructuras de Outariz y las del camping de Untes, que se unen "a políticas orientadas a emprego e formación".
