CASO DEPURADORAS

El juez exime a la Diputación de devolver fondos europeos

OURENSE. 03.10.2015. DEPUTACION PROVINCIAL, R PRENSA JOSE MANUEL BALTAR. FOTO: MIGUEL ANGEL
photo_camera El presidente de la Diputación Manuel Baltar con la sentencia de Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Una sentencia judicial estima el recurso presentado por la institución ourensana contra el pago de diez millones de euros correspondientes a dos proyectos de construcción de 104 depuradoras 

La Diputación se ha quitado un peso de encima, un peso de diez millones de euros. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha estimado, en una sentencia, el recurso contencioso-administrativo presentado por la institución ourensana contra la devolución de 10.123.053 euros correspondientes a ayudas Feder de la Unión Europea para la ejecución de dos proyectos –'Daredo' y 'Deputrans'– para la construcción de 104 depuradoras en el rural de la provincia.

El propio presidente de la Diputación, Manuel Baltar, fue el encargado de hacer público este fallo judicial, que valoró como "unha victoria xurídica" de la institución que dirige. "Confirma as teses que dende a Deputación se mantiveron dende o primeiro momento", explicó Baltar, aludiendo a los informes técnicos y jurídicos elaborados por los funcionarios provinciales al respecto.

La sentencia estima la primera de las alegaciones que recogía el recurso de la Diputación, referente a la prescripción del reintegro de estos diez millones. De acuerdo con la regulación, relata el documento, el plazo para ejecutar la acción administrativa del reintegro concluye cuatro años después de cerrarse los proyectos, de modo que terminaría, en el caso de 'Daredo', el 30 de junio de 2006, y en el caso de 'Deputrans', el 30 de junio de 2007. "Las acciones de investigación estarían fuera del plazo establecido, que habría finalizado antes incluso de su comienzo", cita la sentencia, que anula la resolución emitida en junio de 2014 por la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda.

El escrito presentado en su día por la Diputación rebatía todos los argumentos expuestos por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en 2013, tras la denuncia presentada por un empresario del sector de la depuración de aguas sobre supuestas irregularidades en la adjudicación de la gestión de las depuradoras construidas en el marco de los dos proyectos europeos. "Teño que agradecer o traballo dos servizos xurídicos da Deputación", manifestó Baltar.

El fallo judicial fue emitido el pasado 30 de septiembre, fecha desde la que está abierto un plazo de diez días para que el Estado presente un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. "Á vista desta sentenza, e tendo en conta os fundamentos que a sustentan, esta resolución está perfectamente sustentada con xurisprudencia que avala que esta prescrición se produciu", indicó el presidente de la Diputación, que no prevé que el Estado recurra al respecto.

Apelando al "respecto aos procedementos xudiciais", Manuel Baltar señaló que estos demostraron "que se fixo xustiza". No obstante, según aseguró el presidente, la institución provincial estaba financieramente preparada para asumir el supuesto pago. "Grazas ao traballo e ao rigor orzamentario destes anos, a Deputación está e estará en disposición de facer calquera operación, por complexo que sexa o seu montante económico", dijo Baltar, crítico con la visión "fatalista" de la oposición sobre el caso.

Paralelamente, todavía está en marcha un procedimiento judicial en los Juzgados de Ourense, a instancias de una denuncia del grupo provincial del PSdeG sobre el mismo asunto, que mantiene la imputación sobre el jefe del servicio de Medio Ambiente de la Diputación, Javier Bobe. Al respecto, Manuel Baltar volvió apelar a "que se investigue todo o que se queira e se substancien os procedementos". "Confiamos que a resolución final sexa a mesma cá esta", manifestó el presidente de la Diputación.

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