A lo largo de este viernes se han recibido las declaraciones de Sánchez Vidal y otros tres imputados por supuestas irregularidades en la adjudicación de estas obras
El letrado José Luis Brea, abogado del exteniente de alcalde de Ourense Alexandre Sánchez Vidal (BNG), ha constatado hoy, ante el juez Leonardo Álvarez, la existencia de informes en los que el interventor municipal "da validez" al procedimiento utilizado en la adjudicación de la calle Bedoya.
Se trata de un negociado sin publicidad por la vía de la urgencia para no perder una subvención.
En el segundo día de declaraciones por este caso, el juzgado de instrucción número uno de Ourense recibió hoy la declaración de cuatro nuevos imputados por supuestas irregularidades en la adjudicación de las obras de Bedoya, valoradas en unos 600.000 euros, por las que está imputada la junta de gobierno de 2008.
El letrado, en respuesta a unas declaraciones del jefe de servicio en las que dijo que no cabía un procedimiento urgente y sin publicidad aludió, a la salida del edificio judicial, a supuestas "contradicciones" por parte del asesor y del interventor tras resaltar que los funcionarios no detectaron "tales advertencias" en la reunión previa a la redacción de los pliegos.
El asesor jefe del ayuntamiento aseveró en dicha declaración que advirtió de manera oral a uno de los ediles de que no cabía un procedimiento urgente y sin publicidad para una obra de ese importe.
"Resultaría llamativo que si se está haciendo una advertencia a un concejal de una posible irregularidad dos días después estés firmando documentos oficiales dando por válido este tipo de procedimiento", indicó Brea.
Según este abogado, a los dos días de dicha reunión, el propio interventor habría remitido a la Xunta de Galicia un informe, con fecha del 5 de septiembre, donde da validez al procedimiento utilizado, por lo que ha avanzado su intención de pedir la declaración de un funcionario "que estaba presente en la reunión".
El entonces concejal del área de Infraestructuras, Andrés García Mata, señalado por varios cargos socialistas como responsable de la adjudicación, defendió la actuación para no perder la subvención de la Consellería.
Mata, quien prestó declaración en esta causa y en otra relativa a las asistencias técnicas, argumentó que este proceso estuvo avalado por los técnicos y fue aprobado en junta de gobierno local "con toda naturalidad".
"Resulta poco creíble que hubiesen informado de posibles irregularidades porque los informes nunca son orales, sino por escrito", advirtió Mata, quien aseguró que "se comentó que ésta era la fórmula oportuna y correcta para sacar adelante el proyecto" y así se hizo.
Respecto a las empresas investigadas por su supuesta concertación, descartó cualquier "predilección" por alguna de ellas e indicó que la concejalía invita a empresas y se eligen en base a "criterios objetivos" como el aspecto económico.
Fuentes jurídicas explicaron que es habitual que las empresas puedan presentar casi al mismo tiempo sus ofertas, que en este caso compartían participación empresarial y administradores, y la tercera "completaba terna con las dos anteriores en otros procedimientos negociados".
El Juzgado de Instrucción número 1 se encarga del asunto hasta que no se resuelva la recusación planteada por el exregidor Francisco Rodríguez, y la edil de Urbanismo, Áurea Soto, ambos imputados en la causa, contra el titular del juzgado de Instrucción número 2, Antonio Piña, que admitió a trámite la denuncia y puso en marcha la investigación judicial.
En lo que respecta al resto de declaraciones, la concejala Marta Arribas (BNG), quien recordó que "no hubo objeción" a esta adjudicación, habló de este proceso como la forma de proceder del ayuntamiento y subrayó que en su departamento procuraban llevar "sus expedientes a la junta de gobierno totalmente revisados y con los informes necesarios".
Esta concejala apuntó no obstante que no siempre "era lo habitual", aunque eximió a los concejales de la responsabilidad de conocer los expedientes porque "no tenemos la capacidad técnica para saber si un expediente está completo desde el punto de vista administrativo".
Finalmente, Isabel Pérez, entonces concejala de Cultura, quien manifestó su "total colaboración con la justicia", indicó que su actuación fue la "habitual en todas las juntas de gobierno" por lo que precisó que "el procedimiento fue el habitual".
La concejala del PSOE Marga Martín declaró por su parte que "no vimos ninguna irregularidad" y que no les consta que existiesen informes negativos sobre esta obra.
