El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, esperará 'a lo que dictamine la Justicia', es decir, a una nueva decisión judicial, antes de tomar alguna medida con respecto su delegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, imputado en los delitos de malversación de fondos públicos y falsedad documental por una supuesta gestión irregular de fondos europeos cuando era alcalde de Arnoia.
En el turno de preguntas durante la rueda de prensa tras el Consello de la Xunta de ayer, Feijóo sólo precisó que 'si se reinicia el caso -la Audiencia ordenó formalmente reabrirlo en febrero pasado- tendremos el mismo respeto que en la ocasión precedente'.
El presidente autonómico, visiblemente incómodo con la pregunta -que aludía también al reciente caso de Gerardo Conde Roa en Santiago- se limitó a hacer constar 'todo mi respeto para la Justicia y para lo que ésta determine'. Y así, 'si ahora se reinicia esa denuncia, pues estaremos, por supuesto, muy atentos a lo que determine el juez'.
Esta actitud es sensiblemente diferente a la que aplicó al ya exalcalde de Santiago, Conde Roa, obligado a dimitir pocos días después de ser imputado en un caso de fraude fiscal. Martínez fue denunciado hace seis años y está imputado en dos delitos. Ayer, en San Caetano, Feijóo, lejos de comparar ambas situaciones, prefirió echar balones fuera y mantener el apoyo a su delegado en Ourense, pese a que la situación procesal de Martínez obligaría al PP a abrir al menos un expediente informativo por parte del Comité de Derechos y Garantías, de acuerdo con los nuevos estatutos del partido aprobados en el reciente congreso nacional de Sevilla, que endurecen las medidas con los militantes implicados en casos de corrupción.
La denuncia presentada por el BNG en 2006 contra Rogelio Martínez fue inicialmente archivada, pero el caso ha sido reabierto por orden de la Audiencia provincial al hallar indicios penales para procesarle por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental cuando presidía el Centro de Iniciativas para el Desarrollo del Val do Miño, que tramitó fondos europeos que podrían no haberse destinado al fin para el que fueron solicitados, en obras que no se ejecutaron.
El presidente de la Xunta también fue interpelado tras el Consello por la situación en el Concello de Os Blancos, cuyo regidor llegó a solicitar la 'intervención' del municipio por la Xunta debido a la elevada deuda que padece.
Feijóo dijo que Os Blancos es un ejemplo de la 'situación económica de emergencia' en la que están algunas administraciones, pero reconoció que no hay ningún precedente de intervención autonómica de un concello, por lo que el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, está estudiando qué competencias tiene la Comunidad gallega para solventar este problema de suspensión de pagos municipal; o si bien debe dejar el asunto en manos del Gobierno central.
El presidente autonómico, visiblemente incómodo con la pregunta -que aludía también al reciente caso de Gerardo Conde Roa en Santiago- se limitó a hacer constar 'todo mi respeto para la Justicia y para lo que ésta determine'. Y así, 'si ahora se reinicia esa denuncia, pues estaremos, por supuesto, muy atentos a lo que determine el juez'.
Esta actitud es sensiblemente diferente a la que aplicó al ya exalcalde de Santiago, Conde Roa, obligado a dimitir pocos días después de ser imputado en un caso de fraude fiscal. Martínez fue denunciado hace seis años y está imputado en dos delitos. Ayer, en San Caetano, Feijóo, lejos de comparar ambas situaciones, prefirió echar balones fuera y mantener el apoyo a su delegado en Ourense, pese a que la situación procesal de Martínez obligaría al PP a abrir al menos un expediente informativo por parte del Comité de Derechos y Garantías, de acuerdo con los nuevos estatutos del partido aprobados en el reciente congreso nacional de Sevilla, que endurecen las medidas con los militantes implicados en casos de corrupción.
La denuncia presentada por el BNG en 2006 contra Rogelio Martínez fue inicialmente archivada, pero el caso ha sido reabierto por orden de la Audiencia provincial al hallar indicios penales para procesarle por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental cuando presidía el Centro de Iniciativas para el Desarrollo del Val do Miño, que tramitó fondos europeos que podrían no haberse destinado al fin para el que fueron solicitados, en obras que no se ejecutaron.
El presidente de la Xunta también fue interpelado tras el Consello por la situación en el Concello de Os Blancos, cuyo regidor llegó a solicitar la 'intervención' del municipio por la Xunta debido a la elevada deuda que padece.
Feijóo dijo que Os Blancos es un ejemplo de la 'situación económica de emergencia' en la que están algunas administraciones, pero reconoció que no hay ningún precedente de intervención autonómica de un concello, por lo que el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, está estudiando qué competencias tiene la Comunidad gallega para solventar este problema de suspensión de pagos municipal; o si bien debe dejar el asunto en manos del Gobierno central.
