El fiscal archiva la denuncia del PP por la casa del alcalde

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photo_camera La calle en la que está construida la casa de Agustín Fernández.

Reconoce que hubo un enriquecimiento injusto pero traslada la responsabilidad a la junta de gobierno

La Fiscalía de Ourense decretó el archivo de la denuncia que presentó el grupo municipal del PP el 21 de marzo de este año dirigida contra el exalcalde socialista Agustín Fernández por la urbanización del entorno de su vivienda particular en la calle Clara Corral Aller con fondos públicos del Plan E y la consiguiente devolución de un aval de 10.633 euros.

Las diligencias de investigación concluyen que "la decisión de devolución del aval no tiene indicio racional de prevaricación o tráfico de influencias, pero con matices. Añade que "no por ello ha de entenderse que el acuerdo de devolución deba entenderse amparado por el ordenamiento jurídico".

El acuerdo se remonta al 15 de abril de 2010. En esa junta, Fernández se ausentó, alegando interés personal de la decisión municipal por lo que, según el fiscal, no cabe hablar de prevaricación. También llega a la conclusión que no hubo tráfico de influencias porque "no consta indicio racional alguno de influencia directa y eficiente de Agustín Fernández para obtener una resolución favorable a la devolución del aval con torcimiento del Derecho". Eso sí,"sería ingenuo pensar que no existió ningún atisbo de influencia", pero no con relevancia penal.

El fiscal no deja que el exalcalde salga indemne porque, tal como recuerda, "no ha hecho frente a su obligación a la que se condicionó la licencia urbanística, produciéndose un enriquecimiento injusto". La razón hay que buscarla en que las cantidades que debía pagar para urbanizar la calle "fueron en realidad abonadas indebidamente por el Concello y el Ejecutivo de Zapatero con cargo al Plan E (la decisión fue adoptada en la junta de gobierno del 5 de marzo de 2009). El propio Gobierno central, el que asumió el grueso del presupuesto de la urbanización - 227.873 euros- , ya solicitó la devolución de la ayuda, por lo que las obras en esa calle fueron costeadas íntegramente por el Concello.


Decisión lesiva

En este sentido, el Ministerio Público dice que "habría de valorarse por quien corresponda eventuales declaraciones de lesividad de las juntas de gobierno local que acordaron las devoluciones de los avalas u otras actuaciones que devuelvan a las arcas municipales importes que debían haber sido satisfechos por los particulares".

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