Interroga hoy a la exconcejala en relación a su alegato final en el juicio por la plaza de San Antonio
Cuatro días después de que la exconcejala socialista de Urbanismo Áurea Soto conociera la sentencia de la Audiencia de Ourense -confirma su absolución en un delito de prevaricación en relación a su intervención en la legalización del entorno de la plaza de San Antonio de la ciudad- el fiscal jefe, Florentino Delgado, la llama a declarar hoy, asistida por un letrado, por un nuevo proceso que bebe de la misma fuente, el asunto que la sentó en el banquillo del Penal 2.
La Fiscalía ourensana abrió diligencias informativas contra ella por "hechos presuntamente constitutivos de un delito de injurias". Pretende indagar si la exedil menoscabó el honor del juez Leonardo Álvarez cuando, al término del juicio celebrado en noviembre, hizo uso de su derecho a la última palabra y arremetió con dureza contra el magistrado instructor de las diligencias de la plaza de San Antonio.
Soto, en un extenso alegato final ante la jueza que vio su caso en primera instancia, dio sonoridad a sus ideas. Según dijo, se la sometió a un juicio político que nunca debió dirimirse en la esfera penal porque "dos autos del TSXG dijeron no a la ilegalidad de las licencias". La ex responsable de Urbanismo se presentó como una víctima "del querellante -la hija del promotor inmobiliario Bautista Rodríguez- y su entorno", quienes, según su opinión, "dirigieron el urbanismo de la ciudad durante 12 años". Llegó a acusar al juez instructor de falsificar el auto de apertura de juicio oral para poder procesarla ("falsificar con total impunidad el auto de 15 de enero de 2009 del TSXG, eliminando el párrafo verdadero y entrecomillando uno que no existe"). La razón , según ella, porque "el párrafo verdadero, al rechazar la sala y no apreciar causa alguna de nulidad, infracción patente, procedimental o de fondo de la normativa aplicable, le impide que se plantee ningún tipo de discusión sobre la concesión de las licencias ante la jurisdicción penal".
Y censuró a la institución judicial por permitir que cualquier resolución administrativa del gobierno socialista fuera objeto de denuncia: "Aceptada por los juzgados de Ourense en una sumisión impropia de una institución que debe tener por guía la independencia y la defensa de los derechos de los ciudadanos".
El fiscal tampoco se libró por "ocultar lo autos del TSXG, los informes y todo lo que contradice con rotundidad su pretensión".
