La Fiscalía de Ourense ha decidido abrir diligencias informativas para investigar si el alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, cometió un presunto delito de prevaricación administrativa al tomar parte activa en el expediente que resuelve anular una multa por aparcamiento indebido, en los aledaños a la Praza Maior, impuesta por la Policía Local en su primer día como mandatario local.
El decreto del teniente fiscal, Carlos Valenzuela, por el que formalmente no se archiva y se admite a trámite la denuncia que presentó Ciudadanos el pasado 9 de octubre, da luz verde a una serie de diligencias como la petición al Concello de Ourense de toda la documentación relativa a los hechos denunciados: el expediente en el que intervino Jácome y el decreto que la anuló. Por el momento, no se acordó la comparecencia del aludido para dar explicaciones al respecto.
La multa fue anulada porque el regidor de Democracia Ourensana alegó contra la sanción argumentando que el vehículo contaba con una tarjeta de autorización para aparcar allí por estar vinculado a Auria TV, su televisión privada. Pero Ciudadanos decidió dar un paso la frente y llevar el tema a la fiscalía al entender que el implicado fue juez y parte en el procedimiento administrativo y que debería haberse abstenido. El partido naranja considera que lo pertinente hubiera sido una consulta a la Subdelegación del Gobierno para saber cómo proceder en ese tema antes de resolverlo por decreto de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Tráfico.
Esta formación, al igual que el BNG, también criticó que el alcalde denegase el acceso de la oposición al expediente completo, alegando que contiene datos personales.
El asunto que ahora investiga la Fiscalía tiene su punto de partida en la sanción que un agente de la Policía Local interpuso porque Jácome tenía el vehículo de su empresa aparcado en la calle Barreira, en un espacio reservado a los medios de comunicación. Un decreto de Seguridad Ciudadana de 13 de septiembre firmado por María Fernández Dibuja, concejala de DO, estima las alegaciones del denunciado -el propio policía acabó rectificando-.
Una plazo de 6 meses para decidir si denuncia o archiva
El art. 773.2 Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que cuando el Ministerio Fiscal tenga noticia de un hecho aparentemente delictivo, bien directamente o por serle presentada una denuncia, como en este caso, practicará las diligencias que estime pertinentes para la comprobación del hecho o de la responsabilidad de los partícipes en el mismo. Tiene un plazo de seis meses con carácter general.
Es el procedimiento previo a la incoación de un proceso judicial tras la presentación de denuncia o querella en el juzgado (decanato) aunque el fiscal, tras su investigación preeliminar, puede optar por archivar el caso al considerar que los hechos no revisten carácter delictivo o se constata la falta de elementos suficientes para mantener su perpetración.
