El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 ha condenado a la Diputación a abonar 193.093 euros a un particular que le suministró bancos y marquesinas en 2011 cuando gobernaba José Luis Baltar. La Administración reconoció que recibió el mobiliario urbano, pero alegó que no lo pagó porque el presupuesto no había sido aceptado previamente. Pero el juez estima el recurso "a fin de evitar un enriquecimiento injusto por parte de la Diputación, que ha percibido los bancos y marquesinas y no ha abonado su precio".
El magistrado, debido a la forma en la que fue adquirido el mobiliario urbano, ha ordenado en la misma sentencia la remisión de las actuaciones al fiscal con el objetivo de que se practiquen "las diligencias que considere necesarias para determinar si procede el ejercicio de la acción penal por la posible comisión de un delito de prevaricación cometido por los responsables del encargo de los suministros de bancos y marquesinas", siempre y cuando no está prescrito.
El juez aprecia que la parte recurrente "se ha beneficiado de una forma grosera de unos suministros encargados a dedo, sin presupuesto, contrato o formalidad alguna y, lo que es más grave, saltándose la normativa".
