A la décima sesión fue la vencida y el juicio que llevó al exlíder del PSdeG (hoy en Espazo Común) al banquillo del Penal 2 por su gestión del personal laboral como alcalde de Carballiño (1995-2005), junto a otro exregidor y cuatro exediles de ese municipio, llegó ayer a su fin. Las defensas, con el convencimiento pleno de que el proceso penal tuvo un mal enfoque desde que el anterior fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, presentó en noviembre de 2014 la querella por prevaricación continuada en relación a más de 50 trabajadores -no declararon durante la instrucción y solo en el juicio- que pasaron a indefinidos "sin un proceso de selección a tal efecto".
En la última cita, la acusación pública incidió en la "arbitrariedad injustificable" que supuso la forma de acceso y posteriormente, tras concatenar contratos, quedarse en el Ayuntamiento, entrando por la puerta de atrás.
Gestión "mejorable"
Los letrados admiten que la gestión de la contratación en ese Concello, al igual que ocurre en otras villas, es ciertamente mejorable al no ajustarse en ocasiones al derecho administrativo y laboral, pero hablar de delito son palabras mayores. El abogado que representa a Carlos Montes, Ángel Suárez Losada, lo resumió de forma muy gráfica en solo cuatro palabras, con las que cerró su intervención demandado la absolución del exregidor: "Errar no es prevaricar".
En su exposición final, la fiscal se atrincheró en las dos certificaciones emitidas por la secretaria del Concello al juzgado que dan fe que no hubo proceso selectivo bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad" y que decretos de la alcaldía rubricados por Vázquez y Montes dieron entrada a muchos laborales como indefinidos. "La secretaria nos lo dijo aquí: solo excepcionalmente se hacían las cosas bien en materia de contratación", recordó. Para la acusación pública, la inexistencia de un proceso que regule la contratación de temporales "no es patente de corso para hacer lo que se quiera y hay principios básicos de igualdad, mérito y capacidad que hay que respetar", lo que, a su juicio, constituye una "ilegalidad grosera y arbitraria". La forma de actuar de los acusados "privó al resto de ciudadanos de esos puestos de trabajo".
El letrado de Pachi Vázquez, el catedrático Víctor Moreno Catena, en una larga exposición de hora y media en la que incluso minutó las frases de algunos testigos, destacó "el fracaso de la acusación" que, a su juicio, fue de más a menos desde que se presentó la querella, enfatizando además que "el arsenal probatorio se desvaneció en tres semanas de juicio". "La pervivencia de la acusación -añadió- obedece a una lamentable cadena de errores desde que se iniciaron las diligencias de investigación informativas de la fiscalía en julio de 2013".
“El desastre del archivo"
El abogado destacó que la base de la acusación son unas certificaciones de la secretaria, en las que se dice que no consta la exposición pública de las ofertas de empleo. La funcionaria, advirtió el defensor, no buscó bien -"solo en los expedientes personales de los trabajadores"- y en el departamento de Personal del Concello. Recordó que, en un principio, no aparecieron los expedientes de contratación por lo que tildó de segundo grave error: "El desastre del archivo", desperdigado y con una custodia deficiente. También puso el foco en que los trabajadores aseguraron que fueron llamados desde el Inem o vieron las ofertas publicadas y que fueron sometidos a exámenes, entrevistas o concurso de méritos.
Los acusados siguieron un dinámica instaurada en el Concello que cuando el secretario Mato la corrigió se le hizo caso, destacando la falta de reparos y reproches. "Vázquez no actuó para hacer efectiva su voluntad particular y actuar en contra del derecho, a sabiendas de su injusticia", advirtió.
El abogado Juan Rego, que representa a José Antonio Barge, ve un "desatino" lo ocurrido a "un profesor de instituto sometido a un proceso penal" durante años y que llegó a la política por "generosidad, para echar una mano". "Nadie le puso en antecedentes de las trampas con las que se podía encontrar", alegó.
La letrada de Alfonso Prado, Mónica Víctor, cuestionó el inicio del procedimiento, insistiendo en que todos los trabajadores pasaron por un proceso selectivo "aunque no se les escuchó en la fase de instrucción". También echa en falta la concreción de la fiscal en la participación activa de cada uno de los inculpados lo que, a su entender, "vulnera el derecho de defensa".
El abogado de Elisa Domínguez recordó que ni juzgados sociales ni administraciones cuestionaron los contratos. Al igual que sus compañeros, Pablo Quintas cuestionó el inicio del caso.
