Están imputados el dueño de los animales y el amigo que le prestó el arma y enterró los cadáveres
El paulatino aumento de los casos de maltrato animal que se han ido sucediendo en los dos últimos años comienza a llegar a las salas de vistas. El Juzgado de lo Penal 2 tiene pendiente un caso en el que no sólo está imputado el dueño de los perros sino el amigo que supuestamente le ayudó a consumar el delito. Según sostiene el fiscal del Juzgado de Instrucción 1 en su escrito de calificación provisional, no sólo le dio el arma con la que el dueño mató a sus cuatro canes sino que también enterró los cadáveres.
La denuncia que fue interpuesta por la Guardia Civil hace referencia a los hechos ocurridos el 19 de febrero del pasado año cuando, según el representante del ministerio público, Pedro P.G., vecino de Santa Uxía de Piñor, en el concello de Barbadás, decidió matar a sus cuatro perros. Estos últimos, según los testimonios de los vecinos, siempre estaban atados con cadenas, en condiciones higiénicas deplorables, sin cartilla sanitaria, microchip y ni siquiera desparasitados o con las vacunas pertinentes. Según el fiscal, era un vecino el que les daba de comer.
El ministerio público acusa a José Manuel P.C. porque, según dice, fue quien le facilitó el arma para sacrificar a los animales. Para ello, este último se apoderó de una escopeta de caza en la casa de su hermano pero sin su conocimiento.
La escopeta utilizada por los acusados (marca Víctor Sarasqueta del calibre 12) para matar a los perros fue decomisada por la Guardia Civil el 3 de marzo de 2015 y depositada en la Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense. Por su parte, el instituto armado denunció al propietario de la escopeta en la vía administrativa por falta de diligencia en su custodia.
El fiscal acusa a Pedro P.G. y José Manuel P.C., en calidad de coautores, de cuatro delitos contra los animales domésticos, reclamando una pena de nueve meses de prisión por cada uno de los delitos. La petición de pena lleva pareja la inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con animales durante dos años, así como el pago solidario de las costas procesales.
Precisamente, este caso y el maltrato del perro Balú en la ciudad fueron los casos en los que el fiscal reclamó penas de prisión más elevadas durante el pasado año.
El caso de Balú
En este último caso figura como inculpado Carlos F.L., un vecino de la ciudad, para quien la fiscal solicita una condena de un año de prisión por un delito de maltrato así como seis meses de multa, a razón de 12 euros al día, por el abandono. El inculpado está acusado de golpear con un cincel de hierro a su perro, un setter irlandés llamado Lordi, en la madrugada del 3 de septiembre de este año. El perro, al que la protectora de animales que lo atendió le llamo Balú, fue arrojado al contenedor de basura por su amo.
