CASO ASISTENCIAS TÉCNICAS

La fiscal pide inhabilitar a los siete imputados por las asistencias técnicas

En su escrito de calificación provisional, pide para todos ellos una condena de 10 años de inhabilitación especial

La fiscal acusa a seis políticos del PSOE y BNG, ninguno en activo, y a un funcionario del Concello de Ourense de un delito continuado de prevariación administrativa en relación a las asistencia técnicas del Concello durante el gobierno municipal bipartito (los contratos fueron desarrolladas entre 2008 y 2013). En su escrito de calificación provisional, pide para todos ellos una condena de 10 años de inhabilitación especial. Aunque el ministerio público ya ha acusado, siguen pendientes de resolución tres recursos de reforma y apelación con respecto al funcionario -el último imputado- y una petición de sobreseimiento planteada por Xosé Somoza, tal como sostuvieron algunos abogados consultados por este diario.

El Juzgado de lo Penal volverá a sentar en el banquillo a la exconcejal de Urbanismo Áurea Soto, quien estará acompañada por el ex regidor socialista Francisco Rodríguez así como los exconcejales nacionalistas Iolanda Pérez, Fernando Varela, así como los exdirectores generales del BNG Xosé Carballido y Xosé Somoza, además del funcionario José Manuel Oliver Rivera, quien fue jefe del servicio de Urbanismo, área donde se realizaron parte de las contrataciones de servicios.

El origen del pleito está en la denuncia interpuesta a finales de 2013 por la CIG, con el respaldo de USO, contra el gobierno del bipartito PSOE-BNG. En ella, mencionaban los reparos del interventor municipal a las facturas presentadas por cinco profesionales que prestaban servicios a través de las asistencias externas en el área de Urbanismo. Esta modalidad de contrato no podía exceder los 18.000 euros anuales, por lo que no admitían prórrogas a una misma persona tal como sucedió. Además, los cinco acabaron incorporándose por sentencia judicial al organigrama municipal al haber superado el máximo de tiempo permitido.

La acusación pública responsabiliza de la ilegalidad de dichas fórmulas contractuales a los seis políticos pero también al funcionario por omisión.

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