A punto de cumplirse un año desde que Gonzalo Pérez Jácome pronunciase su recordada frase: "Soy el alcalde, baje los bolardos", esa decisión de acabar con el sistema de control de acceso al Casco Vello ha llevado al regidor ourensano a estar bajo el radar de la Fiscalía de Ourense, que investiga si Jácome cometió los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
El alcalde ourensano compareció en la Fiscalía pasadas las diez de la mañana de ayer junto a la abogada del Concello Gemma Tamargo para atender la citación cursada desde esa institución pública en el marco de unas diligencias informativas penales a raíz de una denuncia recibida a finales de diciembre.
Jácome compareció ante la fiscal jefe de Ourense, Eva Regueiro, quien asumió la tramitación de las citadas diligencias. A ella corresponde, tras una pequeña investigación preliminar, archivar o, por contra, presentar denuncia ante el juzgado de guardia si estima que la actuación del mandatario local tiene indicios delictivos.
La denuncia presentada contra Jácome se basa en que esa decisión de suprimir los bolardos, que él calificó de "histórica", se tomó sin ningún informe técnico que la amparase, lo que supone también un incumplimiento de la ordenanza municipal de tráfico.
Esta norma recoge en su anexo II todo lo relacionado con la circulación de vehículos por la zona histórica, con un preámbulo que deja clara la necesidad de darle "un tratamento especial" dentro del plan de ordenación integral de tráfico. El artículo dos de dicho anexo refleja además que "coa finalidade de cumprir o obxectivo primordial expresado no preámbulo, o Concello de Ourense dispuxo dun Sistema de Control de Acceso, mediante a instalación de barreiras formadas por morróns".
Fuentes consultadas aseguran que hay incluso un informe contundente de la intendente de la Policía Local, María Barrera, en el que se desaconseja dejar sin efecto los bolardos por las consecuencias que esto tendría.
Sin alternativas
"En polvo eres y en polvo te convertirás", dijo Jácome el 26 de febrero de 2020 para decir adiós a un "sistema atroz que nunca debió ser implantado" y que llegó a las calles del Casco Vello ourensano en 2004, en uno de los mandatos en que Manuel Cabezas era el alcalde. El objetivo de los últimos gobiernos municipales fue, aprovechando la renovación de la concesión semafórica, modernizar el control de acceso a la zona histórica mediante un sistema de cámaras, algo que recoge también el Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
Sin embargo, Jácome decidió no esperar a que se licitase la contratación de ese sistema de cámaras para que, una vez instaladas en los puntos de acceso, se procediese a desmontar los bolardos, fiando al control policial la vigilancia del tráfico por el Casco Vello. Un año después de aquella decisión, el alcalde de Ourense es investigado por ello.
Una obsesión por eliminar el sistema
La retirada del sistema de control de acceso al Casco Vello ha sido una de las obsesiones de Gonzalo Pérez Jácome desde su llegada a la política ourensana, refiriéndose a ellos habitualmente como "bolardos asesinos", al entender que las consecuencias de sufrir un impacto contra ellos suponía para los conductores un castigo excesivo, alertando también de que los peatones se podían ver afectados por lesiones.
Según los datos que manejaba el Consistorio, entre 2004 y 2020 se registraron unas 1.500 incidencias en vehículos. Los datos policiales reflejan que en la inmensa mayoría de los incidentes recaía la responsabilidad en los conductores. Siete de cada diez colisiones eran por intentar pasar con el semáforo en rojo. El sistema se fue modernizando desde su implantación en 2004, incorporando posteriormente señales visuales y acústicas.
