Representantes de organizaciones empresariales, de municipios, universidades y de la Xunta de Galicia han puesto encima de la mesa la posibilidad de crear 'áreas funcionales' en toda la frontera entre España y Portugal, que abarquen un radio de unos 100 kilómetros, que estén libre de peajes, con el fin de mantener las relaciones comerciales, empresariales, culturales o turísticas en estas zonas.
Así lo han manifestado tras mantener ayer una reunión de trabajo en Vigo, sobre la repercusión que tiene sobre la economía transfronteriza la implantación de telepeajes en las autovías portuguesas, entre ellas la que comunica Verín con Chaves o la de Valença, muy utilizada por los ourensanos.
Las cifras no dejan lugar a dudas sobre el impacto negativo de estos peajes y, sobre todo, por las dificultades de los usuarios para acceder a los métodos de pago. De hecho, el tráfico en la A-28, entre Viana do Castelo y Oporto se redujo ya un 25% desde la implantación del telepeaje.
En primer lugar, se deja constancia de la unidad de todos los colectivos e implicaciones para superar las dificultades que ha supuesto la decisión del gobierno portugués. Una decisión que, según el presidente del Eixo Atlántico, José María Cunha, no ha cumplido las expectativas de recaudación y, además, penaliza a los usuarios de esas vías.
El segundo acuerdo es la creación de una plataforma conjunta para defender los intereses de estas regiones transfronterizas y en tercer lugar, las instituciones plantean varias soluciones: la creación de áreas libres de peaje en un radio de 100 kilómetros para mantener la actividad comercial y cultural en esas zonas, cuyos vecinos tendrían categoría de 'ciudadanos transfronterizos'.
Por otra parte, empresarios y Eixo Atlántico han insistido en la necesidad de facilitar el pago del peaje, mediante la adquisición de dispositivos electroestáticos -pegatinas en los coches-, interoperatividad de dispositivos entre países y homologación de bonificaciones a transportistas o conductores por motivos profesionales. Además, los asistentes quieren reunirse con las autoridades portuguesas y con la ministra española de Fomento, Ana Pastor.
Las cifras no dejan lugar a dudas sobre el impacto negativo de estos peajes y, sobre todo, por las dificultades de los usuarios para acceder a los métodos de pago. De hecho, el tráfico en la A-28, entre Viana do Castelo y Oporto se redujo ya un 25% desde la implantación del telepeaje.
En primer lugar, se deja constancia de la unidad de todos los colectivos e implicaciones para superar las dificultades que ha supuesto la decisión del gobierno portugués. Una decisión que, según el presidente del Eixo Atlántico, José María Cunha, no ha cumplido las expectativas de recaudación y, además, penaliza a los usuarios de esas vías.
El segundo acuerdo es la creación de una plataforma conjunta para defender los intereses de estas regiones transfronterizas y en tercer lugar, las instituciones plantean varias soluciones: la creación de áreas libres de peaje en un radio de 100 kilómetros para mantener la actividad comercial y cultural en esas zonas, cuyos vecinos tendrían categoría de 'ciudadanos transfronterizos'.
Por otra parte, empresarios y Eixo Atlántico han insistido en la necesidad de facilitar el pago del peaje, mediante la adquisición de dispositivos electroestáticos -pegatinas en los coches-, interoperatividad de dispositivos entre países y homologación de bonificaciones a transportistas o conductores por motivos profesionales. Además, los asistentes quieren reunirse con las autoridades portuguesas y con la ministra española de Fomento, Ana Pastor.
